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Sucesos
jueves 10 de agosto de 2017, 01:00

Presos por caso Curuguaty piden la mediación de Lugo

Un grupo de familiares de campesinos presos por el caso Curuguaty pidieron la mediación del presidente del Congreso, Fernando Lugo, ayer.

Los propios condenados Arnaldo Quintana, Rubén Villalba, Luis Olmedo y Néstor Castro le remitieron una carta desde Tacumbú pidiendo al ex presidente de la República algunas acciones.

Durante la presidencia de Lugo en junio del 2012 se produjo el conflicto que derivó en una masacre de 17 policías y campesinos. Por este hecho, cuya investigación y condenas fueron polémicas, finalmente el entonces mandatario (y actual senador) fue destituido vía juicio político por el Congreso.

“El 15 de junio de 2012, mediante una masacre intentaron robar nuestros sueños de un pedazo de tierra para dar de comer a nuestras familias”, señala la carta remitida por los campesinos ya en fecha 25 de julio pasado.

“El Parlamento dijo que era su responsabilidad la masacre, hoy a cinco años con un juicio político donde se ocultaron las pruebas que demuestran nuestra total inocencia”, es lo que refiere la misiva.

Alegan que, en su condición de presidente del Senado, quieren plantearle a Lugo algunas acciones, entre ellas “que solicite al Indert y al Registro de Propiedades la situación actual de las fincas 72 y 1352, y sus desprendimientos 258, 259, y la finca 30 de Curuguaty”. Además piden al senador que averigüe “cómo está la investigación solicitada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en enero de 2016”.

Recuerdan que la recomendación a Paraguay fue “procurar todos los medios para una investigación imparcial e independiente en el caso de Marina Cué.

Al mismo tiempo, solicitan que se establezca “un canal de comunicación con la presidencia de la Cámara Alta y que sea de manera fluida para que tengan acompañamiento”.

Luego de lo ocurrido en Curuguaty, once campesinos fueron condenados a entre 30 y cuatro años de prisión. Las pesquisas del Ministerio Público, que corrieron a cargo de Jalil Rachid, fueron cuestionadas por organizaciones sociales y los propios acusados.