A través de su cuenta de Twitter el futuro mandatario aclaró que no conoce ni respaldará “iniciativas legislativas que apunten a restringir el acceso a la información pública”.
“Rechazo cualquier medida que limite la labor de la prensa y el acceso a la información pública; yo quiero una prensa crítica y responsable”, expresó a través de las redes sociales.
“Aclaro que no conozco ni voy a respaldar iniciativas legislativas que apunten a restringir el acceso a la información pública”, agregó.
Esto tras darse a conocer un proyecto de reglamentación presentando en Cámara Baja que pretende crear la figura de “información clasificada”.
El proyecto de ley estipula que las instituciones del Estado tendrán a su arbitrio decidir qué informe estaría resguardado y podrían negarlo a los ciudadanos y a los medios de comunicación.
La legislación fue presentada por el defensor del Pueblo, Manuel Páez Monges, y respaldada por los diputados colorados Andrés Retamozo y Víctor González Segovia.
Los legisladores se responsabilizaron de la iniciativa evidentemente sin tener el visto bueno del próximo titular del Ejecutivo.
La propuesta actualmente se encuentra en estudio en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, cuyo presidente es el también colorado, Ramón Romero Roa.
Consultado sobre el tema el legislador Romero Roa indicó que su posición coincide en este caso con la del Ejecutivo debido a que la reglamentación “no es necesaria y si se la encamina atentará contra el orden constitucional”.
Recordó que como exmiembro de la Convención Nacional Constituyente establecieron en la Carta Magna se garatice la libertad de expresión y de prensa sin cesura alguna; por tanto, sostuvo que sería incoherente apoyar este proyecto. Señaló que de igual manera analizarán como corresponde.
Inconstitucional. El proyecto de ley viola abiertamente la Constitución Nacional que establece que todo ciudadano tiene derecho a informar y recibir información.
El artículo 28 expresa que: “se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos”.
De sancionarse y promulgarse este proyecto legislativo, las autoridades podrán ocultar o negar informaciones a los periodistas.
Además con el pretexto de “seguridad”, los ministros y funcionarios en general tendrán la potestad de rechazar pedidos de informes sobre viáticos, salarios y nombramientos en los entes.
Antecedentes. La Ley 1.728 “De Transparencia y Acceso a la Información Pública”, fue promulgada en 2001 durante el gobierno de Luis Ángel González Macchi y derogada en el mismo año. La iniciativa, bautizada por los detractores como Ley Mordaza, había sido resistida por los medios de prensa al considerar que restringía fuertemente la labor periodística.
