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Nacional
miércoles 14 de septiembre de 2016, 14:43

Presentan pedido de juicio político al ministro del Interior

Diputados de la oposición presentaron este miércoles el pedido de juicio político contra el ministro del Interior, Francisco de Vargas, por mal desempeño de sus funciones. Son 12 los causales que argumentan los parlamentarios.

Los opositores son los que impulsan el juicio político contra el ministro del Interior, Francisco de Vargas, por mal desempeño de funciones.

La acusación contra el secretario de Estado se entregó este miércoles en mesa de entrada de la Cámara Baja. En el documento se hace referencia a innumerables hechos delictivos consumados en diferentes ámbitos y lugares del territorio nacional, informó el periodista de ÚH, Diego Barreto.

Son 12 los argumentos expuestos por los opositores que deberán negociar con los colorados para lograr la mayoría de dos tercios. En caso de tener la cantidad exigida, corresponderá al Senado juzgar en juicio político a De Vargas.

Entre los hechos mencionados figura la corrupción en el manejo de vales de combustible que debían destinarse para las patrulleras de la Policía Nacional.

Hace referencia además al caso del narco argentino Ibar Esteban Pérez Corradi, quien confirmó en su momento que pagaba a policías paraguayos a cambio de encubrirle en Ciudad del Este.

También resalta los asesinatos de los intendentes de Tacuatí y Bella Vista Norte, Ramón Carrillo y Miguel Louteiro Echeverría, respectivamente.

Otro de los puntos cuestionados en la gestión del actual ministro del Interior es el ataque a medios de comunicación, como el caso de la radio en Amambay y el diario La Jornada de Ciudad del Este.

Además se cuestiona la falta de política estratégica de combate al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). En ese sentido, hace referencia a la muerte de los ocho miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) al ser emboscados en la zona de Arroyito, departamento de Concepción.

La creciente inseguridad es otro de los argumentos y explican que durante la administración del secretario de Estado se fue incapaz de desarrollar una política y programa que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana.