Las instituciones de educación superior tenían dos años –según la Ley 4995– para ponerse en condiciones como establece el marco regulador con dictamen favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).
Ayer se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que le permitirá al Cones cerrar “de forma inmediata” universidades e institutos superiores que cuenten con ofertas académicas inhabilitadas u operando de forma irregular.
El diputado Carlos Núñez presentó la iniciativa legal “por la cual se clausuran las carreras de pregrado, grado y posgrado, campus, sedes, subsedes y filiales de todas las universidades e institutos superiores que no se hayan ajustado a lo establecido en la ley 4995/13”, reza el título del proyecto de ley en cuestión.
Esta normativa –que será tratada por el plenario de Diputados la semana entrante– se constituye en “soporte legal” para el órgano regulador, en virtud de que la Ley de Educación Superior establece –desde su entrada en vigencia en 2015– un plazo de adecuación a la nueva disposición legal, pero “no indica qué se hará en caso de incumplimiento, por lo que con esta legislación estaremos subsanando esa situación”, refirió.
De esta manera, el Cones podrá –como ya lo está haciendo– cerrar sin necesidad de previa intervención las instituciones de nivel superior que no cumplan con requisitos mínimos de calidad o que hayan abierto filiales en forma de franquicias, las cuales están dejando por el camino un sinnúmero de estafados.
