“Básicamente son madres empobrecidas, sin acceso a mercado laboral y que llevan a cabo comercialización de pequeñas cantidades de estupefacientes y están en contacto con gente que consume estas cantidades. Habría que hacer un estudio más acabado para tener una respuesta científica”, comentó el comisionado Orrego.
“La hipótesis que tengo es que se dedican al microtráfico porque son fácilmente captables por las redes para comercializar drogas a nivel interno y utilizadas como mano laboral para ese tipo de delito”, añadió.
El informe señala también que el 35,3 por ciento de las mujeres presas manifestaron haber sido lastimadas, golpeadas, insultadas, víctimas de torturas y malos tratos al momento de la aprehensión. Del total de las mujeres víctimas de torturas, en el 43,1 por ciento de los casos fue de tipo físico, y en el 56,9 por ciento fue sicológico.
HACINAMIENTO. Asimismo, el documento advierte sobre el uso abusivo de la prisión preventiva y cómo del 2011 a esta parte escaló de manera incontrolada la población penitenciaria del país. “De 7.151 personas en el 2011, en poco más de 5 años se pasa a más de 13.100 personas en el sistema penitenciario, aumentando a razón de 1.500 por año, un incremento de un 83 por ciento más de privados de libertad en ese lapso”, menciona.
En ese sentido, Orrego recordó que el sistema penitenciario tiene apenas capacidad de albergue de 6.643 internos. “Al 22 de noviembre pasado teníamos apenas 3.000 condenados y 10.109 personas en prisión. Quiere decir que estamos encerrando a personas sin lugar siquiera en la penitenciaría”, indicó.