Agregó que en el ámbito del Tribunal de Cuentas, hay por lo menos G. 150.000 millones de casos donde el fisco comprobó fehacientemente la evasión, pero aún no hay sentencia judicial que permita al Estado recuperar ese dinero.
Vale recordar que la prejudicialidad administrativa fue aprobada por la Ley 4064/10, que postergó la vigencia del IRP. Aunque el Ministerio Público no estuvo de acuerdo en la decisión, esta protesta no tuvo eco. En aquella oportunidad, los empresarios hicieron lobby por esta norma.
Por otro lado, Hacienda recibió órdenes de apretar las recaudaciones a través de Tributación y Aduanas antes que aumentar el impuesto selectivo al consumo (ISC) a bebidas alcohólica, cigarrillo, joyas, armas, juegos de azar y otros ítems considerados suntuosos, por ahora.
Lo que sí sube es el IVA aplicado a los créditos, que sube del 5% al 10%.