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domingo 6 de noviembre de 2016, 01:00

Potenciar las mipymes con políticas públicas de calidad

Las micro, pequeñas y medianas empresas son las mayores generadoras de empleo, además de proveer bienes y servicios necesarios para la subsistencia diaria de la población e insumos para cadenas productivas o grandes empresas. A pesar de su relevancia económica y social, no cuentan con el apoyo de políticas públicas que fortalezcan su capacidad emprendedora, estimulen los procesos de innovación y garanticen un financiamiento. La ley aprobada les otorga derechos, pero no se ha traducido en acciones efectivas. Es hora de que el Gobierno ofrezca soluciones reales a una situación que beneficiará a una importante proporción de trabajadores y trabajadoras.

Las micro, pequeñas y medianas empresas en Paraguay son altamente relevantes para el país, especialmente por ser las principales generadoras de empleo. El 43,7% de los trabajadores paraguayos se encuentran ocupados en empresas que tienen entre 2 y 10 empleados. Si a esta proporción se le agrega el 22,4% que trabaja solo o en emprendimientos unipersonales, se puede ver la magnitud del empleo que se genera en el sector.

Las micro, pequeñas y medianas empresas no cuentan con políticas públicas especialmente diseñadas para enfrentar sus problemas e impulsar mejoras en su gestión. En 2012 se aprobó la "Ley de Fomento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas" (Mipymes) sin que hasta ahora las empresas que son objeto de esta regulación pudieran tener beneficios sustanciales.

Más allá de crearse el viceministerio y contratarse funcionarios para el efecto, no se conocen acciones relevantes y de amplio alcance que permitan señalar que ha habido un cambio sustancial en la forma que el Estado aborda los cuellos de botella del sector.

Uno de los temas más importantes, permanentemente señalado por representantes del sector, es el acceso al financiamiento. Hasta ahora no existe un mecanismo que permita el acceso al crédito, mientras que el fondo de garantías creado 20 años atrás sigue sin tener impacto.

Otro ámbito que debe contar con políticas debe ser el desarrollo de un entorno favorable para la gestión de las empresas. Esto implica la reducción de los costos y pasos burocráticos, el fortalecimiento de sus capacidades técnicas, la instalación de mecanismos de cooperación interempresarial entre las mipymes y entre estas y las grandes empresas, así como programas que vinculen la venta de bienes y servicios al sector público.

Lo que existe es de baja cobertura para la cantidad de mipymes existentes en el país, las acciones están concentradas en Asunción y en muchos casos son de dudosa calidad.

El Ministerio de Industria y Comercio es la entidad con competencia legal para impulsar las políticas necesarias y coordinar con el resto del sector público. Es necesario que supere la etapa de diseñar normativas y se concentre en implementar acciones que redunden en beneficio de una importante proporción de empresas y trabajadores.

Las iniciativas que lleve a cabo, además, deben ser difundidas de manera que las personas que emprendan negocios puedan acudir a solicitar los bienes y servicios que ofrezca la política pública, tanto en Asunción como en otras áreas donde se concentran estas empresas.

La política pública debe apuntar a que las mipymes, además de generar empleo y producción, lo hagan en condiciones de calidad y con la potencialidad de competir con la producción importada e inclusive aspirar a insertarse a nivel internacional. Pero esto requiere mucho más que un marco legal y oficinas con funcionarios públicos.