Alrededor de 97.000 toneladas de metano fueron arrojadas a la atmósfera entre el 23 de octubre de 2015 y el 18 de febrero de 2016 debido a una fuga registrada en el almacén de gas de Aliso Canyon.
El incidente obligó al traslado de miles de personas de Porter Ranch, una comunidad del condado de Los Ángeles situada al norte del valle de San Fernando y en la que viven unas 30.000 personas.
La masiva fuga de gas metano provocó que en enero el gobernador de California, Jerry Brown, declarara el estado de emergencia en la zona debido, entre otros factores, a las efectos adversos que estaba teniendo en los habitantes del lugar, muchos de los cuales sufrieron mareos, vómitos y náuseas.
Un estudio publicado por la revista especializada Science aseguró que, en su punto máximo, la fuga de Porter Ranch duplicó la tasa de emisiones de metano de toda la cuenca de Los Ángeles.
Algunas organizaciones ecologistas como Greenpeace han calificado a la fuga de Porter Ranch como el peor desastre medioambiental de Estados Unidos desde el vertido de una plataforma petrolífera de BP en el Golfo de México en 2010.
Un artículo reciente firmado por Ryan Schleeter en la página oficial de Greenpeace aseguró que la cantidad de metano que fue liberada a la atmósfera durante algo más de cien días en Porter Ranch tuvo aproximadamente el mismo impacto ecológico que el de 1,7 millones de coches durante todo un año.
Grupos en defensa del medioambiente y asociaciones de residentes afectados en la zona, como Save Porter Ranch, continúan reclamando justicia por el accidente y el cierre definitivo de la planta de Aliso Canyon, que desde que se registró la fuga ha sido objeto de inspecciones y revisiones por parte de la compañía Southern California Gas para asegurar que puede ser operativa de nuevo.
Más de un centenar de demandas particulares han sido presentadas contra Southern California Gas (también conocida como SoCalGas) pidiendo indemnizaciones por daños.
Asimismo, la compañía anunció en septiembre que pagará cuatro millones de dólares como parte de su acuerdo con la oficina del fiscal de condado de Los Ángeles, que demandó a SoCalGas por no haber notificado a las autoridades la fuga de gas de manera apropiada e inmediata.
La Comisión del Mercado de Valores (SEC) proyectó que la fuga ha costado a SoCalGas hasta ahora más de 700 millones de dólares, informó el diario Los Ángeles Times.
En un comunicado difundido por SoCalGas el pasado 19 de octubre, la empresa energética detalló los pormenores de las inspecciones que está realizando en la instalación de Aliso Canyon y aseguró que está haciendo “un progreso significativo” en esa revisión tutelada por las autoridades.
“Una vez que SoCalGas cumpla con los requisitos de la Revisión Completa de Seguridad (ordenada por los organismos reguladores del gas en California), la compañía solicitará la aprobación regulatoria para comenzar a reponer el suministro de gas natural a la instalación para apoyar la fiabilidad energética de la región”, añadió la nota.
David Villafranca
