El ministro de Hacienda, Santiago Peña, intentó justificar ayer en Mburuvicha Róga las razones del veto que Horacio Cartes interpuso a la ley de presupuesto general de gastos de la Nación 2017 alegando que: Incrementa el gasto rígido que debe ser financiado con impuestos por encima de las estimaciones presentadas por el Poder Ejecutivo lo que obligará, según Santiago, al debilitamiento de programas que afectan a sectores vulnerables de la población que dependen de los mismos; supera el límite establecido de 1,5% del déficit fiscal del Producto Interno Bruto (PIB) y el tope del crecimiento de los salarios por encima del aumento del sector privado; no prevé el calendario de vencimiento de los compromisos con los que cuenta el Estado que asciende a un monto en concepto de amortización de 316 millones de dólares, poniendo en riesgo el cumplimiento de los compromisos del Estado dada la exclusión parcial del crédito presupuestario y el tope a la autorización de la emisión de bonos para sostener parte del servicio de la deuda pública, lo que pone en riesgo la calificación soberana del país y sus implicancias en el mercado tales como la inversión privada y el crecimiento de la economía.
Eso alegó Santiago, que no se molestó en dar las cifras por las que Cartes decidió dar un paso tan grave como dejar a la República con un presupuesto vencido. No dijo en qué porcentaje aumentó el Congreso el gasto rígido. Tampoco dijo si esos aumentos tocan los proyectos llave en mano que pretende implementar Cartes. No especificó cuáles programas sociales podrían verse afectados por ese aumento del gasto rígido. No contó en qué partidas se viola la ley de Responsabilidad Fiscal y tampoco aclaró si qué cuestiones están afectadas por el cronograma de amortizaciones internacionales.
A falta de tales datos de parte del Poder Ejecutivo quedan a disposición del pueblo solamente los que ha proporcionado el Congreso: El incremento salarial de médicos y docentes no supera los sesenta millones de dólares; los fondos para esos aumentos serán obtenidos de los recursos que el Ejecutivo pidió para “intereses” de los contratos “llave en mano” aún no concretados; se ordenó que los proyectos “llave en mano” no pasen, sumados, el uno por ciento del Producto Interior Bruto; no se afecta a ningún programa social; la ley de Responsabilidad Fiscal es acatada por el proyecto 2017 mucho más que por el presupuesto 2016 que no incluyó en el endeudamiento esos proyectos “llave en mano” y todo el servicio de la deuda está garantizado, solamente que se le había impuesto la obligación de solicitar los desembolsos caso por caso al Congreso.
Es decir, lo que realmente cambió en el presupuesto 2017 con respecto al 2016 es el tema de los proyectos “llave en mano” y el de los bonos, dos asuntos en los que Cartes y sus socios tienen especial interés comercial.
Espero que Santiago pueda desmentir con cifras los números del Congreso, pero si no lo hace, el pueblo paraguayo confirmará que Cartes incurrió en este paso institucionalmente gravísimo, dejar a la República con un presupuesto vencido con la pretensión autoritaria y golpista de endeudar al pueblo paraguayo sin autorización del Congreso, solamente en atención a sus intereses particulares ya francamente contrapuestos al interés general.
