Esa es la información que se maneja desde el Congreso y sería con fines electoralistas, atendiendo a que la intención es favorecer a sus leales.
El mandatario hizo, con miras a las elecciones internas una serie de movidas, entre ellas las que tienen que ver con la distribución de cargos.
Cartes habría prometido en un primer momento el primer lugar en la diputación por Paraguarí al dirigente Miguel Cuevas, quien recientemente se sumó a la disidencia.
Es que el mandatario finalmente decidió volcar su apoyo al actual diputado Éver Rivas para que encabece la nómina en el departamento.
A su ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, lo confirmó para la gobernación de Paraguarí, cargo que aspiraba la intendenta de Ybycuí y titular de Opaci, María del Carmen Benítez. La misma es esposa del diputado Rivas, a quien Cartes le dio su apoyo, provocando el enojo de Cuevas. A cambio del desistimiento de Benítez para ser la candidata a gobernadora por Honor Colorado, Cartes le habría prometido que vetaría la ley que elimina Opaci. Es que la intendenta de Ybycuí fue una de las más se opusieron a dicha ley.
Este organismo que nuclea a las intendencias está en el ojo de la tormenta por las atribuciones en cuanto al cobro por expedición o renovación de las licencias de conducir.
Con esta normativa, se perciben montos exuberantes, y que a criterio de los senadores corresponde directamente a los municipios realizar este tipo de trámites.
Justamente dentro de este contexto, fue que la Cámara Alta logró la sanción de la ley que elimina la Opaci.
Lo llamativo es que se aprobó en marzo pasado, y prácticamente estuvo cajoneada en el Senado, y días pasados se remitió al Ejecutivo.
La Cámara Alta había logrado una mayoría de 24 votos para eliminar los privilegios a la Opaci, ratificándose en su sanción inicial. En Diputados estuvieron en contra.
La propuesta modificada fue la Ley General de Tránsito y Seguridad Vial, en la que uno de los puntos más resaltantes era dejar sin efecto a la Opaci.
“Queremos que el intendente no sea un pasamano de un cobro indebido que se le saca al ciudadano común cada vez que saca o renueva su licencia”, había expresado el senador Eduardo Petta.
Había mencionado que con el registro de las licencias de conducir, la Opaci se quedaba con un monto G. 30.000 millones al año. Sostuvo incluso que los jefes comunales no tenían la obligación de realizar ese aporte a una oenegé.
Los senadores que responden al oficialismo junto con sus aliados habían argumentado en contra de las modificaciones y a favor de la Opaci.