El próximo 3 de junio se cumplen seis años del día en que el entonces fiscal anticorrupción Gustavo Gamba presuntamente cobró una coima para desvincular de una investigación al ex senador colorado Víctor Bernal. Si aún no hay una sentencia firme para esta fecha, el proceso prescribe.
Esto ocurrirá debido a que transcurrirá el doble del marco penal del delito por el cual está acusado Gamba, cohecho pasivo, que puede ser penado con hasta 3 años de cárcel, explicaron fuentes judiciales.
El caso se elevó a juicio oral y público en el 2010 y hasta ahora no se pudo realizar por diversas recusaciones a magistrados presentadas por la defensa.
Desde entonces, seis veces se inició el juicio, pero no se pudo terminar debido a los incidentes planteados por defensores de Gamba y el coprocesado que supuestamente actuó de nexo en el pedido de coima, el abogado Emanuel Portillo. Tres tribunales de Sentencia distintos se conformaron a raíz de esto.
Gamba incluso presentó una denuncia penal en contra de tres miembros de los jueces de Sentencia y tres camaristas por el delito de coacción, porque supuestamente los magistrados no le permitieron ejercer su defensa al rechazar todos sus planteamientos.
TRABADO. El caso actualmente está en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Como todos los ministros de la máxima instancia judicial se inhibieron, la sala está conformada por los camaristas José Agustín Fernández, Gustavo Ocampos y Antonia López de Gómez.
En la Corte se debe resolver la recusación presentada por la defensa en contra de los camaristas Carlos Ortiz Barrios, Bibiana Benítez y Arnulfo Arias, quienes a su vez deben definir la competencia de los jueces de Sentencia Rosarito Montanía, Lourdes Sanabria y Juan Carlos Zárate, también recusados por Gamba.
Si bien la Sala Penal que debe destrabar el caso ya se integró en octubre del 2014, hasta ahora no hubo resolución, según informaron desde el Ministerio Público. El fiscal del caso, René Fernández, desde entonces presentó varios urgimientos a la Corte para destrabar la causa.
El fiscal Fernández también solicitó reiteradamente la sanción a los abogados por las chicanas dilatorias presentadas en los distintos intentos de juicio. La misma Fiscalía Anticorrupción llevó sus quejas a la Dirección de Auditoría Judicial, pero tampoco hubo resultados hasta ahora.
EL PEDIDO. La acusación fiscal relata que Gamba investigaba el supuesto mal manejo de los fondos sociales de la Itaipú Binacional, durante la gestión de Víctor Bernal. En el 2008, imputó a varias personas por esta causa, entre ellas el mismo Bernal. Supuestamente a través del abogado Portillo, Gamba exigió 150.000 dólares para desvincularlo del caso. En junio del 2009, Portillo, en representación de Gamba, cobró 90.000 dólares en la oficina de Bernal, sostiene la Fiscalía.
