Un equipo periodístico de nuestro diario recorrió algunos sitios históricos ubicados en el Sur que testimonian el sacrificio del pueblo paraguayo para resistir al ejército de tres naciones entre 1864 y 1870.
Lo que constató es la insensibilidad del Gobierno –y de los gobiernos anteriores– para adoptar medidas de preservación, conservación y de disponibilidad de acceso a aquellos lugares tan trascendentes para la memoria colectiva. La sociedad civil también tiene su cuota de responsabilidad, pues no se organizó para presionar a las autoridades y obligarles a que cumplan con su deber de cuidar tan valioso patrimonio histórico.
La situación que refleja más acabadamente la desidia de los que están hoy al frente de la nación es lo que se suscitó con relación a las ruinas de la iglesia de Humaitá. Los pobladores de esa localidad pusieron a conocimiento de las autoridades que una peligrosa grieta abierta en el entorno de lo que sobrevive del templo amenazaba con derrumbarlo.
En respuesta al reclamo, funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría Nacional de Cultura, la Entidad Binacional Yacyretá y de la Secretaría Nacional de Emergencia Nacional fueron a interiorizarse de la situación y prometieron tomar las medidas preventivas necesarias. A más de seis meses de la visita, no han vuelto a dar señales de interés.
El monumento roto y los flecos de la bandera paraguaya del sitio que recuerda la batalla de Estero Bellaco son también parte del mismo capítulo de abandono. Al mismo hay que sumar que la mayoría de los espacios históricos se encuentra en propiedades privadas, por lo que resulta difícil, cuando no imposible, llegar hasta ellos.
En el 2011, la Contraloría General de la República realizó una inspección técnica de la zona de valor histórico. Entre otras cosas, concluyó que la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) no posee inventarios ni registros de los museos de la zona. También observó el pésimo estado de los caminos, los portones cerrados con candados y otras situaciones inadmisibles.
A San Fernando, lugar en el que funcionó el Tribunal de Sangre del mariscal López, es imposible llegar, salvo que se tenga permiso expreso de los propietarios del lugar.
Este desolador panorama requiere la adopción inmediata de medidas que permitan, en primer lugar, acceder sin trabas a los lugares históricos y, en segundo lugar, realizar las intervenciones necesarias para que estén presentables en todo momento y sean dignos de lo que representan.
La SNC debería encabezar una comisión interinstitucional de la que también formen parte los ministerios de Obras Públicas, Defensa Nacional, Hacienda y Educación, Secretaría Nacional de Turismo, legisladores, municipalidades y la Gobernación, así como organizaciones de la sociedad civil.
Es necesario revertir con urgencia el olvido porque un pueblo sin memoria está condenado a perder su identidad.
