29 mar. 2024

Por desconfianza, ediles municipales denunciarán a McLeod en Asunción

Los cargos serán asociación criminal, prevaricato, usurpación de funciones públicas y uso de documentos de contenido falso. Ayer, la Junta Municipal otorgó un poder a cuatro abogados.

Ediles.  La Junta Municipal mantiene una dura disputa con la intendenta Sandra McLeod.

Ediles. La Junta Municipal mantiene una dura disputa con la intendenta Sandra McLeod.

Noelia Duarte

CIUDAD DEL ESTE

Debido a la desconfianza existe hacia los agentes del Ministerio Público de la Región II, Alto Paraná, la Junta Municipal, en sesión extraordinaria desarrollada en la víspera, otorgó poder a cuatro profesionales abogados para presentar este lunes una denuncia formal contra la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías, ante la Fiscalía General del Estado, en Asunción.

La jefa comunal será denunciada por los hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, uso de documentos de contenido falso y prevaricato. La acción se desarrolla en medio de una fuerte disputa por el manejo de la Secretaría General del Legislativo. La mayoría opositora tiene vedado, por disposición judicial, nombrar a alguien de confianza.

La acción judicial estará a cargo de los abogados Leonardo Ayala Balmoris, Agustín Urunaga, Orlando Paiva, Efigenio Lisboa y Zully Diana Villalba, quienes indicaron que el lunes irán a la sede central del Ministerio Público para presentar la acción.

Antecedentes. Contra la intendenta de Ciudad del Este pesa la denuncia de la designación, considerada arbitraria e ilegal, del secretario general adjunto, Claudio Durañona, por resolución 3763/2017. Al respecto, Sandra McLeod dijo que solamente homologó y asignó la bonificación a Claudio Durañona como secretario adjunto, con base en la resolución de la anterior Junta Municipal que lo designó para el cargo.

Igualmente, los ediles afirman que con la destitución de Leonardo Ayala Balmoris como asesor jurídico de la Junta Municipal, dispuesta por la intendenta, también incurre en el hecho punible de usurpación de funciones públicas.

Los camaristas del Tribunal Electoral, Carmen Chávez y Víctor Candia, son denunciados por ser juez y parte en la causa Blas Darío Domínguez c/ Municipalidad de Ciudad del Este sobre nulidad de acto administrativo y solicitud de medida cautelar de urgencia. Los antecedentes de este caso fueron remitidos a la Fiscalía luego de la denuncia de la jueza Chávez, alegando desacato a la orden judicial.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.