Fue el trágico asesinato del dirigente liberal Carlos Sosa Farías, ocurrido el pasado lunes 17 en la ciudad de Concepción, el que puso nuevamente en el tapete la situación de total descontrol en que se mantiene el parque automotor de la Cámara de Diputados.
Farías, quien era precandidato a concejal departamental por el movimiento Equipo Joven, del Partido Liberal Radical Auténtico, que en Concepción lidera la diputada liberal Mirta Ramona Mendoza, manejaba una camioneta Chevrolet S10, cuando fue alcanzado por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes lo asesinaron a balazos. Tras verificar los datos, la Policía encontró que la camioneta que manejaba el político liberal estaba registrada a nombre de la Cámara de Diputados.
La camioneta, además, lucía grandes calcomanías de propaganda electoral con la inscripción “Ramonita 2018", violando las disposiciones de la Ley Electoral 834/96, que establece la prohibición de realizar propaganda proselitista antes del plazo legal establecido (que para las elecciones internas correrá recién desde el próximo 15 de noviembre). Es decir, lo que reveló la trágica situación es que aparentemente la legisladora no solamente utilizaba sin control una camioneta de la Cámara de Diputados, sino además volvía a dejar el vehículo a un operador político para realizar una campaña electoral ilegítima.
Otra situación lamentable que también reveló la irregular situación fue el accidente automovilístico que tuvo el diputado liberal Víctor Ríos en la noche del domingo, cuando volcó una camioneta Hyundai Tucson, en el kilómetro 85 de la ruta 4, mientras se dirigía a su casa en Pilar. Nuevamente resultó que la camioneta que utilizaba el legislador es de propiedad de la Cámara de Diputados. Lo llamativo, en este caso, es que la información sobre el accidente se mantuvo en secreto durante tres días y recién el miércoles se filtró a los medios de comunicación.
Urge que las instituciones encargadas de cuidar el buen uso de los bienes públicos, como la Contraloría y la misma Fiscalía, intervengan para poner fin a este abuso legislativo con los vehículos del Estado.
No debe hacer solamente para castigar a los infractores y frenar los abusos de las autoridades. Debe perseguirse este tipo de conducta para dejar por sentado, de una buena vez por todos, que lo recursos estatales no son patrimonios personales de los que circunstancialmente ocupan un cargo público. Acceder a la administración de los bienes de un Estado no es obtener una carta blanca para usar a su antojo un recurso que corresponde al conjunto de la sociedad, no a un grupo o una persona.
Las sanciones también buscan un efecto educativo que obligue a un cambio cultural. Esa perspectiva es más que necesaria en este caso.
