Un verdadero escándalo ha generado la noticia de que senadores del oficialismo colorado, aliados a sus pares oviedistas y a varios liberales, obtuvieron una mayoría de 20 votos contra 18 en la sesión de la Cámara Alta del pasado miércoles, para aprobar una ampliación anticipada de la concesión de la ruta nacional Nº 7, Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, al consorcio Tape Porã, por 30 años más, es decir hasta el 2053.
Uno de los puntos más cuestionados es que la ampliación de la concesión –aprobada previamente en la Cámara de Diputados– se realiza sin ningún llamado a licitación, lo cual viola la libertad de competencia o participación de otras empresas interesadas.
Igualmente resulta llamativo que la concesión se renueve 7 años antes de que venza el plazo establecido, que se inició en 1998 y concluye recién en el 2023.
Pero lo que realmente agravó las sospechas de que la decisión parlamentaria habría sido irregular fueron las fuertes acusaciones del propio presidente del Congreso, el senador Mario Abdo Benítez, quien sugirió que hubo compra de votos de los legisladores que votaron a favor de la empresa adjudicada, llegando a comparar al senado con “un prostíbulo” donde los votos se ofertan al mejor postor.
Como para ahondar aun más el escándalo, el viernes salió a luz el registro de la votación durante la sesión en que se aprobó la polémica concesión, en la cual consta que la diferencia no fue de 20 votos contra 18, sino que en realidad hubo un empate de 20 votos contra 20, y que se habrían modificado los resultados en el momento de darlos a conocer.
Otro elemento que agrega presunciones de favoritismo hacia la empresa Tape Porã, vinculada en sus orígenes con el ex presidente Juan Carlos Wasmosy, es que uno de sus ex directivos, el ingeniero Ramón M. Jiménez Gaona, es el padre del actual ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona. El ingeniero Jiménez Gaona se desvinculó legalmente del directorio de Tape Porã días antes de que esta haga una oferta de inversión al Estado paraguayo en 2015, a través de la ley de Alianza Público Privada (APP), pero sigue siendo presidente de Conempa, empresa que retiene gran parte de las acciones de Tape Porã.
Todo este cuadro de situaciones, sumado a las denuncias de irregularidades en la primera concesión a Tape Porã, hechas por la propia Contraloría General de la República, plantean la necesidad de que lo resuelto por el Senado sea revisado antes de que se vuelva ley por sanción automática este 2 de junio.
Es imprescindible que el tema se investigue a fondo, y en caso de confirmarse las irregularidades, la decisión sea debidamente corregida en todos sus aspectos. De lo contrario, se estaría avalando otro escandaloso negociado a costa de la ciudadanía.
