En concreto, el diputado Felipe Solá, del peronista Frente Renovador, dijo hoy que solicitará que se constituya una Comisión Bicameral que investigue a los familiares de funcionarios públicos que se sumen, luego de un decreto firmado ayer por el Gobierno, a la ley de sinceramiento fiscal aprobada en junio pasado y “aprovechen esta barbaridad para blanquear”.
El régimen de blanqueo fue propuesto en mayo pasado por el Gobierno de Mauricio Macri y aprobado por el Parlamento en junio con el objetivo de recuperar al menos unos 20.000 millones de dólares no declarados.
Con los fondos ingresados al sistema financiero, el Ejecutivo pagará una reforma del sistema de jubilaciones, tal y como quedó fijado en el texto de la ley que sirvió para oficializar el blanqueo.
El artículo 83 de ese proyecto especifica que quedan excluidos del blanqueo los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de una gran variedad de funcionarios del Estado, una situación que fue muy comentada a la hora del debate parlamentario.
Sin embargo, el decreto firmado ayer agrega que esas personas “podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos mencionados (los funcionarios) hubieran asumido los respectivos cargos.”
“Esta es la medida más vergonzosa desde que asumió su gobierno”, explicó Solá en una nota de prensa.
“La ley 27.260 es muy clara en su artículo 83°, los parientes de funcionarios no están en amnistía para blanquear. Un decreto es para reglamentar una ley, nunca para extenderla y mucho menos para violarla”, subrayó el legislador, quien reprochó que “además de presidente, Macri es hijo de un multimillonario”.
En ese sentido, reprochó que “decidió que su padre, entre otros, pudiera blanquear dividendos por decreto. Violando una ley, para que su familia se beneficie económicamente”.
Por su parte, el integrante del frente gobernante Cambiemos Yamil Santoro remarcó que el decreto permite que parientes de funcionarios puedan adherirse al blanqueo de capitales siempre y cuando esos bienes sean anteriores al ingreso del funcionario al empleo público, por lo que calificó de “infundadas y desinformadas” las críticas al reglamento del Poder Ejecutivo.
El también abogado destacó que se trata de una medida razonable y constitucional, dado que genera la obligación en los familiares de demostrar que los bienes fueron adquiridos “antes del acceso a la función pública para poder acceder al beneficio”.
Según el texto difundido, Santoro afirmó que el decreto salva la omisión del Poder Legislativo que tornaría inconstitucional a la prohibición por darle una extensión excesiva y arbitraria.
“Con este criterio temporal se resguarda el interés público de manera suficiente, no hay que caer en prohibiciones arbitrarias”, indicó.
A las críticas se sumó el diputado Máximo Kirchner, hijo de los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), quien recordó hoy en declaraciones a Radio del Plata que en el Congreso “fue prenda de negociación excluir familiares e incluso fue una condición de la doctora (Elisa) Carrió”, del oficialista Cambiemos.
“Ahí está el decreto y creo que era lógico que esto terminara sucediendo porque ese blanqueo estaba dirigido para que pudiera salir del Congreso y tuviera éxito y no presentado como una derrota legislativa. El oficialismo cedió a sabiendas de que después este decreto iba a aparecer. El presidente firmó y la sociedad evaluará”, criticó el legislador del kirchnerista Frente para la Victoria.
Para “transparentar” los bienes no declarados, el pasado 31 de octubre concluyó la primera etapa, correspondiente a la presentación de declaraciones juradas y de apertura de cuentas para depositar los ahorros en efectivo dentro del país, tanto en moneda local como extranjera.
La siguiente etapa caducó el 21 de noviembre, fecha límite para depositar esos fondos en las cuentas.
Hasta ese momento, ese proceso de sinceramiento fiscal alcanzó a los 21.863 millones de dólares entre bienes, cuentas bancarias y efectivo declarados en el país y en el exterior.
El 31 de diciembre vencerá el plazo para declarar ahorros fuera del país y el 31 de marzo será la fecha límite para declarar propiedades y otros activos.
