“Quiero aclarar que las cifras esas no sé de dónde han salido, cómo las han registrado. Nunca se dio una cifra así, salvo en los primeros tiempos”, expresó la titular de la emblemática organización de derechos humanos, cuyo objetivo es localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños desaparecidos por el último régimen de facto en Argentina.
El número de víctimas del régimen militar es un asunto controvertido en el país, ya que no todos corroboran la cifra de 30.000 desaparecidos que los organismos de derechos humanos como el que encabeza De Carlotto aseguran que dejó como saldo el accionar del terrorismo de Estado durante el periodo dictatorial.
El Gobierno argentino dio a conocer este lunes, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, los casos incluidos en el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (RUVTE), creado en 2013, respecto a los desaparecidos o asesinados durante el último Gobierno de Juan Domingo Perón e Isabel Martínez (1973-1976) y la dictadura.
Esta difusión se realizó después de que la organización Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional hiciera en agosto un pedido para acceder a esa información pública.
De Carlotto, de 86 años, calificó de “provocación” y una “persecución realmente muy desagradable” el darle respuesta “a un grupo desconocido de abogados que pide una información sin una justa demanda”.
"¿Por qué están removiendo algo tan delicado, duro y difícil para la sociedad entera?”, consideró en declaraciones a Radio Provincia la activista, quien criticó que el Estado “rápidamente y urgentemente” haya respondido a esa organización.
“Y nosotros a veces preguntamos y tardan años en darnos una respuesta satisfactoria”, subrayó.
Ciudadanos Libres pidió conocer el número de víctimas entre el 12 de octubre de 1973, cuando comenzó la tercera Presidencia de Perón y empezó a actuar la Alianza Anticomunista Argentina (la “Triple A”, un grupo terrorista parapolicial), y el 9 de diciembre de 1983, cuando concluyó el Gobierno de facto militar.
Según el RUVTE, para ese período hay registradas 8.571 víctimas, de las cuales 1.561 fueron asesinadas y 7.010 permanecen desaparecidas.
Convencida de que la cifra de 30.000 desaparecidos es “estimativa” y basada en los testimonios recopilados por las organizaciones de derechos humanos, De Carlotto definió como “una muy mala noticia” y “muy desagradable” los datos aportados por el Ejecutivo.
Animó a que, “en vez de investigar” cuántas son las víctimas y sacar estadísticas, se trabaje por “encontrar a los desaparecidos, tanto los que fueron asesinados y están enterrados y diseminados por el país como aquellos niños que son hombres y estamos buscando las Abuelas”.
“Nosotros las estadísticas las hacemos en base a nuestra propia información porque jamás los depredadores asesinos declararon sobre el tema. Siendo juzgados y condenados quedan en silencio”, añadió.
“Es vergonzoso, nos humilla”, remarcó la activista.
Desde que asumió Mauricio Macri como presidente de Argentina, en diciembre de 2015, varios han sido los cruces entre el nuevo Gobierno y los organismos de derechos humanos con respecto al número de desaparecidos.
En enero de este año, el entonces ministro de Cultura de Buenos Aires, Darío Lopérfido -perteneciente al oficialista frente Cambiemos-, despertó la polémica cuando relativizó los números de 30.000 desaparecidos y sugirió que se trata de una cifra que “se arregló en una mesa”.
Tras ser fuertemente criticado, en julio presentó la renuncia a su cargo para dedicarse a otros proyectos.
Por su parte, Macri dijo en una entrevista en agosto no tener “idea” de si fueron 30.000.
“Está en un debate en el que no voy a entrar, si son 9.000 o 30.000, si son los que están anotados en un muro o son muchos más, me parece que es una discusión que no tiene sentido”, dijo el jefe de Estado.
