Los apoderados del PLRA, Néstor Maggioli y Fredy Ferreira, fueron los encargados de entregar la denuncia contra el presidente de la República, Horacio Cartes, en el Juzgado Electoral de la Capital ante el actuario Paulo Lemos.
Esta denuncia surge tras el acto del Partido Colorado realizado el pasado sábado en la Secretaría Nacional de Deportes (SND) para lanzar la candidatura de Pedro Alliana como presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
Muchas fueron las críticas surgidas en torno al acto partidario como la utilización de un predio estatal, la trasmisión de parte de un medio público y la presencia del mandatario y de sus principales colaboradores.
Los liberales mencionaron que el jefe de Estado violó el artículo 237 de la Constitución Nacional al asistir al acto partidario.
“El presidente de la República y el vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones”, establece dicho articulado.
También la denuncia es por la violación de la Ley 284/06 del Deporte, específicamente del artículo 33, en la que se prohíbe a las instituciones deportivas realizar actos religiosos y políticos. Esto se refiere exclusivamente a la utilización del predio de la Secretaría de Deportes para el acto proselitista.
Otras de las trasgresiones, según la denuncia, es a la ley 2880/06 que reprime los hechos punibles contra el patrimonio del Estado a raíz de la utilización de un medio público para transmitir todo el evento.
La legislación dice en su artículo 6º que “El funcionario que indebidamente y en beneficio propio o de un tercero, use o permita a otro el uso de bienes del Estado, será castigado con pena de multa. La misma pena se aplicará al funcionario que utilice ilegítimamente, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por el Estado”.
El titular del PLRA, Miguel Abdón Saguier, indicó que con la denuncia buscan rechazar la actuación del presidente de la República y sus adherentes.
“Ellos han llevado a cabo un acto político proselitista de características preocupantes, porque la primera obligación que tiene el presidente –según la Constitución Nacional– es dedicarse por entero a su función de presidente y es incompatible desarrollar cualquier otro trabajo, público o privado, remunerado o no”, señaló.
