Óscar Ocampo Rivas, quien lidera por el PLRA la lista para concejales en Katuete, Canindeyú, tiene entre sus antecedentes haber realizado un hurto agravado.
El caso fue abierto el 1 de octubre de 2004 en el Juzgado Penal de Garantías, Secretaría de Primer Turno de la ciudad de Salto de Guairá. Según la foja judicial, al momento del acto el ahora candidato a un cargo electivo de relevancia consignó que su actividad laboral era la agricultura.
En Carmelo Peralta, Alto Paraguay, va por su reelección Saturnino Bogado, que ya gobernó durante el período 2009-2010. El mismo está imputado desde octubre de 2014 por supuesta lesión de confianza. La Fiscalía dice que se solicitó al BNF informe de estado de cuentas de la Municipalidad para recabar el estado bancario, copia de cheques y saldo bancario (…) ya que se habrían librado innumerables cheques los que fueron cobrados sin conocerse sus respaldos legales. Los cheques no solo carecen de respaldo, sino no se conocen el destino adonde fueron a parar”, detalla el informe.
Ñeembucú. En Tacuaras, Ñeembucú, Lorenzo Irún, actual intendente local, había obtenido la chapa para representar al PLRA y buscar de este modo la reelección. Renunció por el camino y causó sorpresa porque justificó que su salida se debió a una “molestia en la rodilla”. No obstante, saltaron las denuncias de que habría sido sobornado, lo cual desmintió.
Irún tiene abierto un expediente por desacato a la autoridad data de 2012 que tiene una suspensión condicional.
Por dicho hecho se restringió el derecho a mudarse de domicilio sin orden judicial, no reincidir en hechos de la misma naturaleza y, por último, tuvo que hacer donaciones para no ir a instancias judiciales de conflicto.
Más grave aún es la foja de Daniel Pin Martino, quien sucedió a Irún tras su renuncia, a quien se le imputa los cargos por secuestro y narcotráfico.
Fue condenado por ser cómplice del secuestro de Rodolfo Pili Alliana, hermano del titular electo de la ANR, Pedro Alliana. El desenalce del secuestro fue el asesinato de Pili por parte de sus captores en octubre de 2003. El actual candidato a intendente por el PLRA, también había sido procesado por narcotráfico. En el caso del secuestro fue condenado a tres años de cárcel que logró reducir. La condena por narcotráfico fue más dura alcanzando los ocho años de cárcel, los cuales compurgó.