Se trata de Carlos María Figueredo Caballero y Víctor David Duarte Ravelli, ambos destituidos del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
La medida cautelar fue concedida por los jueces Amado Duarte, Rodrigo Escobar y Martín Ávalos, integrantes de la primera sala del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, la reposición de Figueredo y Duarte aún no se dio.
Mongelós explicó que la importancia de la determinación judicial radica en que sienta jurisprudencia y la hace viable como medida de urgencia, por lo que vaticinó que originará una “catarata” de pedidos de medidas cautelares, tanto en los casos que él maneja (que son 398), como los llevados por otros profesionales del Derecho.
Señaló que en breve, la misma sala del Tribunal de Cuentas, y la segunda, procederán a dictar fallos similares en los numerosos casos donde se presentaron pedidos de medidas cautelares, de manera tal que los funcionarios recuperen sus respectivos puestos de trabajo, hasta tanto sean objeto de algún sumario que los reponga definitivamente o los saque de la función pública.
Recordó que en el caso del Indert, la actual directiva destituyó a los funcionarios basándose en que estos no tenían dos años de antigüedad. Subrayó, sin embargo, que con seis meses de permanencia en el lugar de trabajo, ya no se puede destituir sin un sumario previo.
El PLRA denunció en varias ocasiones el despido indiscriminado de miles de sus afiliados que cumplían funciones en diferentes estamentos del Estado.
