Esta acción de inconstitucionalidad forma parte de un abanico de medidas que la sociedad civil paraguaya realiza ante la negativa del Poder Ejecutivo de vetar una ley que carece de los más básicos fundamentos jurídicos para ser sancionada, expresaron los miembros de la mencionada organización que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia.
Desde la Articulación anuncian, asimismo, otras acciones de alcance nacional e internacional en respuesta a esta normativa criticada hasta por el mismo Ejecutivo.
Indicaron que existen varios factores para la inconstitucionalidad de esta ley.
Sostienen que es evidente la imposibilidad práctica de esta donación, pues la empresa donante de dichas tierras al Estado carece de los títulos de la propiedad que entrega en donación y constituye solo el intento de la empresa Campos Morombi de legitimar la usurpación que hace de las tierras públicas de Marina Cué, mediante donación por vía legislativa.
Las citadas tierras pertenecen al Estado desde que le fueran donadas por la empresa Lipsa en el año 1967.
repudio. Jóvenes del Partido País Solidario, por medio de un comunicado, manifestaron también su rechazo a la promulgación de la ley y expresaron que el presidente Horacio Cartes, teniendo la posibilidad de vetar la legislación, “decidió blanquear el robo cometido por la familia Riquelme”. En el documento sostienen que seguirán luchando por la recuperación de todas las tierras malhabidas.
promulgado. Antes de partir a París, Francia, para participar de la Cumbre de Cambio Climático, el presidente de la República, Horacio Cartes, anunció que no vetaría la ley y que se allanaría a lo que decidió la mayoría en el Congreso Nacional.
“Lo que voy a hacer es allanarme, porque creo que acorto problemas en aceptar algo que en un inicio era para el Estado y lo ha perdido por no atender un juicio. Y hoy la ley nos dice que es del Estado y si hay un título y es del Estado como algunos opinan, yo sigo esperando que me envíen para ver cuál es el número de finca. No se ha inscripto nunca”, argumentó.
Sin embargo, el Indert asegura que las tierras son del Estado.
