Según argumentaron los congresistas, cada época electoral deviene en una parálisis de la actividad laboral en instituciones públicas, debido a los comicios y “una gran masa de funcionarios es acarreada a actividades ajenas a sus funciones para participar en actos proselitistas de manera casi obligatoria”.
El documento estipula que la suspensión de la participación en internas no restringe el derecho constitucional de sufragar en los comicios generales, como tampoco dejar de ser sujetos de elección (candidatos). Los funcionarios públicos afiliados a partidos o movimientos políticos recuperarán automáticamente y de pleno derecho su afiliación una vez que hayan cesado en sus funciones.
