La intención es reducir el plazo para contestar una demanda y para fundamentar y contestar los recursos interpuestos ante la Cámara de Apelaciones.
Actualmente ambos plazos consisten en 18 días hábiles, lapso que de acuerdo al legislador es excesivo, y plantea que se reduzca a 12 días.
“En la práctica dicho término se extiende a un mes o más, si se tiene en cuenta los días inhábiles, estimando entonces que dicho plazo puede reducirse a doce (12) días, más que suficientes para cumplir a cabalidad los actos procesales”, expresa en su exposición de motivos.
González sostiene que existe una creciente e indisimulada inquietud ciudadana con respecto a la excesiva demora con que se resuelven las cuestiones litigiosas en el ámbito civil, traducidas en causas que se extienden indefinidamente en el tiempo, lo que provoca un innecesario desgaste a los justiciables y a los propios órganos jurisdiccionales, a lo que debe añadirse la creciente acumulación de procesos estancados en los distintos juzgados y tribunales de toda la República.
Otras modificaciones al Código Procesal Civil están siendo tenidos en cuenta por miembros de la Cámara Baja.
