El presidente del Congreso, Mario Abdo Benítez, sostuvo esta semana que la lucha contra el planillerismo es una obligación moral de los tres poderes del Estado. “Nadie puede cobrar sin trabajar”, sentenció, al tiempo de agregar que a estas alturas debería haber más de 1.000 imputados. Y no le falta razón al titular del Poder Legislativo.
El Ministerio Público debe tomar cartas en el asunto de manera inmediata, porque al primer auspicioso paso de saber la cantidad exacta de planilleros en todas las instituciones públicas, así como sus respectivos nombres, le debe seguir la reparación del daño ocasionado al erario, que no es otro que el perjuicio generado al pueblo paraguayo, ya que es este el que lo sostiene mediante el pago de sus impuestos, tasas y tributos, tanto directos como indirectos.
Los responsables de este despojo –porque si se suma lo hasta ahora conocido se alcanza una suma varias veces millonarias, incluso en dólares americanos– deben ser imputados bajo la figura de cobro indebido de honorarios. En efecto, el Código Penal (Ley 1160/97) establece en su artículo 313 que: “1º El funcionario público, abogado u otro auxiliar de Justicia que, a sabiendas, cobrara en su provecho honorarios u otras remuneraciones no debidas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 2º En estos casos, será castigada también la tentativa”.
El brazo de la Justicia debe alcanzar a todos por igual, sin distingos político- partidarios, ideológicos, religiosos ni de ninguna otra índole; cualquiera que haya incurrido en la violación de la ley debe ser castigado de manera proporcional al daño causado. Solamente así se logrará cerrar el círculo de la impunidad rampante que actualmente ejerce su imperio soberano en el Paraguay.
Los planilleros deben reponer, además, el dinero cobrado indebidamente, sea también cual fuere el lapso durante el cual lo hayan estado haciendo. Un Estado sin suficientes recursos y un país tan inequitativo como el nuestro no puede permitirse bajo ninguna circunstancia desviar recursos que se requieren de manera urgente para aliviar las carencias que sobrellevan centenares de miles de compatriotas sumidos en la pobreza extrema. Aquí, con más severidad incluso que en otros lugares, el robo al erario debería ser severísimamente sancionado.
A la vergüenza –si la tuvieren– de ver publicados sus nombres en los medios de comunicación, debe sumársele a los planilleros la dura sanción legal que corresponda, de forma tal que, en el futuro, no vuelvan a repetirse casos como los que están revelando los medios de comunicación, y los que por disposición, tanto del presidente de la República, en el ámbito del Poder Ejecutivo, como al intendente de Asunción, en el ámbito municipal, son expuestos. En este sentido, es menester que el Poder Judicial adopte medidas similares a fin de transparentar su deteriorada gestión y recuperar algo de su alicaída credibilidad de cara a la sociedad.
