Se trata de Miguel Enrique Centurión Carmona, Delia Rosa Segovia Rodríguez, Gregorio Luis Enrique Berthand Gómez, José Nicolás Acosta Gamarra, José María Novais Aguilar, Justo Santacruz Benítez, Luciano Miranda Chaparro, Sidney Nilton Schiochet, Walter Enrique Hermosa Darmany, Carmelo Luis Álvarez Mascheroni y Juan Fernando Cañisa Chaparro.
La acusación fue presentada por los fiscales René Fernández, Victoria Acuña, Luis Piñánez y Aldo Cantero. Ahora, el juez Humberto Otazú deberá convocar a las partes a una audiencia preliminar en la que definirá si eleva o no el caso a juicio oral.
La investigación concluyó que los “cerebros” del esquema de evasión fueron los contadores Miguel Centurión Carmona, su esposa Delia Rosa Segovia y Luis Berthand. Estos estaban detrás de cinco firmas presuntamente fantasmas que vendían facturas de contenido falso a empresas legales que buscaban reducir con estas facturas su carga impositiva.
El resto de los contadores, según la acusación fiscal, actuó como nexo entre las empresas que eran sus clientes y Centurión Carmona para la compra de las facturas.
“Son 195.547 millones de guaraníes los impuestos evadidos y multas a pagar. Estamos hablando de 276 empresas. De este monto ya se tiene cobrado G. 107.918 millones. Casi 108 mil millones es lo recuperado a la fecha. Esto significa que esa diferencia de 90 mil millones corresponde a empresas que no aceptaron los hechos y fueron a sumario administrativo”, explicó ayer el fiscal Fernández.
En ese sentido, comentó que varios de los procesados en la causa admitieron los hechos y solicitaron una salida alternativa al proceso. El mismo Centurión Carmona reconoció ante la Fiscalía haber emitido las facturas falsas.
La acusación es por asociación criminal, por lo cual los procesados se exponen a una pena de hasta cinco años de cárcel. La Fiscalía no puede investigar la evasión de impuestos, hasta tanto esta cuestión sea dirimida en el ámbito administrativo.
Por otro lado, el fiscal Fernández indicó que las empresas no quedan eximidas del proceso penal por haber aceptado los hechos y pagado las multas ante la Subsecretaría de Tributación.