Las propiedades en cuestión suman 123.482 hectáreas y están a nombre de varios particulares, entre personas naturales y sociedades, en diferentes partes del país.
La decisión se basa en informes de la Contraloría Delegada del Sector Agropecuario realizadas entre 2013 y 2015 sobre 322 predios ubicados en los departamentos de Córdoba (norte), Meta (centro), Caquetá (sur), Vichada (este) y Antioquia (noroeste), dice la Contraloría en un comunicado.
Los “resultados fueron trasladados a la Fiscalía y Procuraduría, para que, si hay lugar, determinen las responsabilidades penales y disciplinarias que puedan tener funcionarios y/o particulares involucrados”, añadió la información.
Según el Tribunal de Cuentas, “se estableció que dado que las transacciones se derivaron de negocios entre particulares, no es posible imputar a ninguno de estos daño fiscal”.
Sin embargo, la Contraloría asegura que “si bien no existió un detrimento patrimonial, sí es reprochable la violación de los topes establecidos en la ley, como son la 450 hectáreas (...) que están orientados promover la función social de la propiedad y a evitar la concentración de la misma”.
Entre las operaciones cuestionadas está la de 11 predios en Córdoba cuya extensión suma 133 hectáreas, que hacen parte de la sociedad “El Ubérrimo”, del expresidente Uribe, así como tres en el Vichada de familiares del ministro Iragorri que suman 3.816 hectáreas.
También aparecen la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los principales conglomerados del país, con 21 predios en el Meta cuya extensión sumada es de 22.834 hectáreas.
“Las compras son legales y no constituyen acumulación ilegal por cuanto el Estado adjudicó estos predios antes de la ley 160 de 1994", respondió Uribe en un comunicado.
El expresidente y senador del partido Centro Democrático aseguró que su familia tiene una explotación agropecuaria “de aproximadamente 1.500 hectáreas” y la Contraloría lo acusa “de acumulación ilegal de 103 hectáreas que no conforman un predio físico”.
Según Uribe esos predios fueron baldíos “adjudicados por el Estado antes de 1994 a particulares” ajenos a su familia o a él.
Por su parte, el ministro Iragorri dijo en un comunicado que los baldíos a los que se refiere la Contraloría (tribunal de cuentas) no son de su propiedad.
“No tengo ni un solo centímetro de tierra en Vichada ni en ningún otro lugar de la altillanura colombiana”, agregó.
Para Iragorri, es “inadecuado” que la Contraloría haga referencia a “familiares” suyos, “generando un vínculo hacia la opinión pública con mi persona, aunque el órgano de control no me hace ninguna imputación personal”.
