Es una falacia, por no decir un engaño, asumir que el endeudamiento es bueno y sostenible si se destina a infraestructura. La infraestructura por sí sola no genera producción ni los impuestos necesarios para cumplir con los compromisos.
Es la gente y sobre todo los jóvenes quienes, a través de su trabajo, generarán los recursos que permitirán honrar la deuda. Sin embargo, es poco lo que el país está realizando por mejorar las competencias de los niños y jóvenes.
Justamente en estas últimas semanas se sucedieron hechos que muestran el statu quo en que se encuentra la educación, instrumento principal para mejorar las capacidades y la trayectoria laboral de las personas.
La política educativa no está logrando mejorar la provisión de recursos básicos como aulas en buenas condiciones, útiles y libros pertinentes y de manera oportuna y alimentación escolar para todos y de calidad. La gratuidad es una utopía, lo que impide una cobertura universal en los niveles que son obligatorios y gratuitos. Tampoco se conoce una estrategia de mediano y largo plazo para mejorar la calidad de la educación y, particularmente, las competencias docentes.
El mensaje presidencial que acompaña el proyecto de Presupuesto hace referencia a la oportunidad que ofrece el bono demográfico. Los datos estadísticos muestran que el país ya perdió esta oportunidad en el sector rural. La falta de oportunidades impulsó a la juventud rural a migrar a las ciudades con la aspiración de lograr mejor nivel educativo y mayores oportunidades laborales.
Esto fue solo una aspiración. Las estadísticas indican los altos niveles de desempleo, de subocupación y de precariedad. Adicionalmente a la problemática laboral juvenil, tenemos casi 500.000 niños, niñas y adolescentes que empezaron a trabajar tempranamente a costa de su educación, impulsando deserción escolar y bajos niveles de aprendizaje. Cerca de 300.000 jóvenes de entre 15 y 29 años, la mayoría mujeres, no estudian ni trabajan porque dedican la mayor parte de su tiempo a realizar actividades no remuneradas en sus hogares.
Estos niños y adolescentes que se iniciaron laboralmente de manera temprana, sumados a los jóvenes que trabajan precariamente o que están excluidos del mercado laboral y del sistema educativo arrastrarán a lo largo de su vida pobreza y vulnerabilidad económica. ¿Y el país está suponiendo que ellos deberán financiar el pago de la deuda en unos años más? ¿Es realista pensar que esta generación y la próxima podrán pagar la deuda en este contexto?
Más deuda en las condiciones actuales pone en riesgo la economía de nuestro país y los escasos avances logrados en los últimos años. El país necesita financiar su desarrollo con recursos genuinos y con una mirada de largo plazo que no implique recargarles excesivamente el peso de la responsabilidad a las generaciones futuras.
