El decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano señala que el gobierno regional de Loreto, las municipalidades de Urarinas y Parinari, en coordinación con Defensa Civil y varios ministerios, están a cargo de las medidas de excepción inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas.
Asimismo, de la reducción del muy alto riesgo, en salvaguarda de la vida de las personas, sus medios de vida y el patrimonio público y privado.
El decreto refiere que en el incidente ocurrido el 19 de agosto se derramaron entre 1.710 y 2.330 barriles de crudo en el tramo I del oleoducto cerca a la comunidad nativa de Nuevo Alianza y en el perímetro de las aguas quebradas de Sabaloyacu, que desembocan en el río Marañón, uno de los principales de la amazonía peruana.
Asimismo, en otro derrame ocurrido el 22 de octubre el crudo quedó en un canal de flotación, pero se estima que puede afectar a una decena de comunidades cuando se produzca un desembalse por la temporada de lluvias que se acerca.
Informes de Defensa Civil citados en el documento han asegurado que los derrames en el tramo I del ONP han producido daños en la salud de la población y sus medios de vida, es decir los ríos y tierra aledaños, y que el petróleo confinado en canales de flotación, puede migrar por las lluvias y afectar a un mayor número de comunidades.
El presidente de la empresa a cargo del oleoducto, PetroPerú, Augusto Baertl, denunció este viernes que al menos siete de los 10 derrames ocurridos han sido provocados deliberadamente por personas que responden a intereses subalternos.
“Hay intereses políticos y económicos detrás de estas acciones; utilizan a los nativos, utilizan a las comunidades para romper el Oleoducto a propósito”, afirmó en una entrevista radial.
Baertl aclaró que los últimos vertidos de crudo ya fueron contenidos y el riesgo de contaminación por hidrocarburos acotado, por lo que consideró que “no se puede decir que todos los ríos de la selva hayan sido contaminados por las recientes contingencias en el ONP”.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de Perú investiga los últimos derrames de petróleo ocurridos el 22 de agosto en los kilómetros 54 y 55 del Oleoducto, y el 22 de octubre en los kilómetros 51 y 52 de la misma infraestructura.
Las operaciones en el Oleoducto se encuentran paralizadas desde febrero por mandato del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) tras producirse dos derrames que vertieron al menos 3.000 barriles de petróleo a ríos de la Amazonía.
Cientos de indígenas mantienen bloqueado desde hace casi dos meses el tránsito fluvial en un tramo del río Marañón cercano al inicio de la primera estación de bombeo del Oleoducto para reclamar la limpieza de los últimos derrames, que afectan a comunidades nativas de la zona.
El Oleoducto Nor Peruano, operativo desde 1977, transporta el petróleo extraído en la selva peruana hasta el terminal portuario de Bayóvar, en el océano Pacífico, a lo largo de un trayecto de 854 kilómetros de tuberías.
