Según un decreto oficial publicado en el diario El Peruano, el gobierno encabezado por Pedro Pablo Kuczynski “accedió a la solicitud de extradición” pedida por un tribunal de los EE.UU y a que ésta se haga efectiva cuando las autoridades estadounidenses cumplan con los requisitos legales y de trámites establecidos por la legislación peruana.
Esta decisión se tomó después de que el pasado mes de junio la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Perú declarara fundada la solicitud presentada por Estados Unidos para extraditar a Burga.
Los jueces declararon procedente la extradición por la presunta comisión del delito de asociación de delincuencia organizada o delincuencia organizada en grado de conspiración, tipificado en la legislación peruana como asociación ilícita para delinquir.
Los mismos magistrados desestimaron otros dos cargos impuestos por la justicia estadounidense por los delitos de fraude electrónico, por no encontrar uno similar en las leyes peruanas, y de lavado de dinero, porque la justicia estadounidense no cumplió con enviar la información que la sala le solicitó en marzo pasado.
El expresidente de la FPF fue incluido en diciembre entre los 16 nuevos altos cargos y exdirectivos de la FIFA acusados por la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, de corrupción y de “secuestrar” el fútbol para enriquecerse durante 24 años.
La investigación por sobornos que presuntamente alcanzarían los 200 millones de dólares incluye 92 cargos por delitos que van desde organización mafiosa y fraude masivo hasta blanqueo de dinero, y los acusados se enfrentan a un máximo de 20 años de prisión.
Burga se encuentra entre los dirigentes sudamericanos acusados de haber recibido sobornos de la empresa Datisa en el proceso de la adjudicación de los derechos de televisión de la Copa América para sus ediciones de 2015, 2016, 2019 y 2023.
Burga se desempeñó como presidente de la FPF entre 2002 y 2014, cuando declinó optar a un cuarto mandato consecutivo bajo sospechas de corrupción y en medio de acusaciones por presuntamente contravenir las normas de la Federación, que solo contemplaban dos reelecciones.
En el momento de su detención ejercía el cargo de coordinador general de proyectos de desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
