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Economía
jueves 14 de julio de 2016, 01:00

Persisten las posturas contrapuestas sobre el artículo del secreto bancario

Miembros de la Comisión de Legislación de la Cámara Baja debatieron ayer con autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), del Ministerio de Hacienda, Seprelad y del Ministerio Público los alcances del polémico artículo 86 del nuevo proyecto de ley de bancos y financieras, que está en estudio en el Parlamento.

El mencionado artículo modificaría la ley de bancos (Nº 861/96) actualmente vigente y la nueva norma, en caso de que se promulgue, ordenaría que tanto la Fiscalía como la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) tengan que obligatoriamente contar con una orden judicial para romper el secreto bancario a fin de verificar cuentas bancarias de personas sospechadas o investigadas por algún ilícito.

BCP. El presidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que la propuesta que plantean es incorporar al proyecto de ley el intercambio de información entre las entidades financieras, y que el secreto bancario continúe rigiendo para las instituciones del Estado, tal cual establece la legislación vigente. “Hay que dejar la legislación actual. Se podría testar todo el artículo 86, pero no me parece que eso sea lo adecuado, o tener una redacción que diga básicamente que el acceso de la Fiscalía y Seprelad a las excepciones del secreto bancario se regirán por las leyes que ya existen en la materia”, consideró.

Fernández Valdovinos afirmó que el próximo año organismos internacionales realizarán una nueva evaluación del sistema financiero paraguayo y sería ideal para la calificación que ya estén vigentes la nueva ley de bancos y la actualización de la carta orgánica del Banco de Fomento.

HACIENDA. El ministro de Hacienda, Santiago Peña, consideró que la introducción de la orden judicial significaría un retroceso para las investigaciones que hace el Ministerio Público. “Estamos hoy explicando a los legisladores lo mismo que venimos diciendo desde hace dos años, que la nueva ley de bancos toma las mejores prácticas internacionales y también considera nuestro marco legal”, resaltó.

Por tanto, el no requerir de una orden judicial para verificar las cuentas particulares no viola ningún principio constitucional porque hay legislaciones que avalan al Ministerio Público esta potestad.

FISCALÍA. El fiscal adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinosa, recordó que hubo varios casos donde necesitaron órdenes judiciales para realizar un procedimiento y estas tardaron en emitirse hasta dos años. Inclusive, prometió a los legisladores de la Comisión de Asuntos Constitucionales que les enviaría un historial de los casos en donde por falta de orden judicial se les dificultó su tarea investigativa. “Si pasan dos años y no te dan la autorización, es porque evidentemente alguien pasó la información del pedido de verificación de esa cuenta”, dijo.

El fiscal mencionó que inclusive hoy, que todavía no está vigente la nueva ley de bancos, existen algunas entidades financieras que cuando se les solicita información de una cuenta están queriendo restringir los datos solo porque el proyecto de modificación de la ley ya cuenta con media sanción del Senado. “Esta es una situación sumamente compleja para nosotros, pero sobre esto ya se debatió en la Corte y siempre le dio la razón a la fiscalía”, recordó.