Por Elías Cabral | Curuguaty
Los campesinos manifestaron que reclamarán al estado Paraguayo el resarcimiento económico por las pérdidas económicas y por el daño psicológico que sufrieron durante todo el proceso judicial.
Tanto Correa como Trinidad fueron detenidos en el hospital distrital de Curuguaty el mismo día de la masacre, y fueron imputados por la fiscal Ninfa Aguilar, siendo enviados a la cárcel de Coronel Oviedo donde permanecieron por 33 días, lapso en que sufrieron maltratos y torturas según denunciaron.
Marcelo Trinidad aseguró que su familia fue la que sufrió la peor parte durante todo este tiempo, por lo que solicitará el resarcimiento al Estado paraguayo y pedirá cárcel para Aguilar y el funcionario Wilson Alberto Talavera, quien se desempeñó como asistente fiscal en ese entonces y quien ordenó su detención en el hospital, según su testimonio.
En tanto, el fiscal Jalil Rachid refirió que los ciudadanos están en sus plenos derechos de accionar judicialmente contra los funcionarios que actuaron mal, imputando a personas sin las pruebas que avalen sus decisiones. También señaló que no fue él, quien formuló la imputación contra los mismos, pero que sí solicitó el sobreseimiento definitivo al no haber elementos que los incrimine.
Rachid sentenció que ambos no estaban en el lugar de los hechos.
