Luego de varios días de silencio, la gerente de la empresa Parxin, encargada de explotar el estacionamiento tarifado en Asunción, habló con ULTIMAHORA.COM. María Angélica Insaurralde sostuvo que todo el equipo está esperando la decisión del intendente capitalino, Mario Ferreiro, sobre el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) para determinar si inician una demanda o no.
Este órgano de control se ratificó la semana pasada sobre su disposición de que el municipio capitalino finalice el contrato con la empresa paraguayo-israelí, debido a que esta no cumplió con lo establecido en el pliego de bases y condiciones y entregó de forma tardía varios documentos. Además, señalaron que la Municipalidad no debe pagarle nada como indemnización debido a que fue Parxin quien incumplió con parte del contrato.
La Contraloría se ratifica en que se debe anular estacionamiento tarifado
Ante esto, Mario Ferreiro habló con la prensa y no descartó que el acuerdo deba rescindirse debido al segundo dictamen de la Contraloría. Sin embargo, sostuvo que esperará la respuesta de la Junta Municipal para determinar qué pasará con el estacionamiento tarifado en Asunción.
Dictamen de la Contraloría “es ilegal”
Entretanto, Parxin despotricó contra la Contraloría alegando que emitió una resolución sin haber cumplido con el debido proceso de solicitar documentos para avalar la denuncia que impulsan. Sostienen que el dictamen es “absolutamente ilegal”.
“Es claro, como dijeron los concejales en su momento, que en el tema lo político prima ante lo jurídico. El dictamen de la Contraloría no cumplió con el debido proceso y se expidió sin tener documentos a la vista sobre una situación que ya se arregló a tiempo”, explicó Insaurralde.
Según la representante de la empresa, los documentos, especialmente la póliza de seguros, fueron entregados dentro de los cinco días hábiles que establece el pliego de bases y condiciones.
“El mismo intendente es responsable con la firma del contrato, porque él lo ratificó en su momento. Estamos esperando cuál va a ser la causal de la rescisión del contrato. Para nosotros no hay causal y la sugerencia de la Contraloría no es una causa, ya que es ilegal. El mismo Ferreiro admitió que sacaron un dictamen sin haber solicitado documentos al municipio”, dijo.
Reiteró que el equipo técnico de la empresa está trabajando en una demanda en caso de que el contrato sea finalizado, debido a los perjuicios causados a la entidad. No supo precisar el monto que pedirán como reparación al daño.
Consideró que para Parxin la disposición de la CGR es completamente nula. Además, señaló que la empresa no es la única afectada sino también los 323 ex cuidacoches seleccionados.
