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Editorial
viernes 5 de agosto de 2016, 01:00

Partidos deben rendir cuentas sobre uso del dinero estatal

En los últimos ocho años, el Estado abonó casi 100 millones de dólares a los partidos políticos, en concepto de pago de aportes estatales y subsidios electorales. Si bien el gasto es enorme, lo que más preocupa es la falta absoluta de control del uso del dinero que proviene del Presupuesto de Gastos. Ciertamente que el rol de los partidos en una democracia es muy importante, pues a través de ellos la ciudadanía tiene un espacio para participar. Toda sociedad precisa poder expresarse de manera libre y pluralista, y eso hace a la esencia de la democracia. Lo que se objeta es la falta de transparencia. De la misma manera en que la democracia precisa de los partidos, también precisa que ellos actúen con transparencia.

Los partidos políticos son el principal espacio de participación ciudadana y son –o deberían ser– una herramienta para la construcción de ciudadanía. Al mismo tiempo, para que los partidos existan, son necesarios los recursos económicos para sostener un mínimo de infraestructura y poder realizar sus campañas electorales, y de ese modo hacer llegar a la ciudadanía sus mensajes. Para eso reciben subsidios y aportes.

Sin embargo, estos aportes no deberían ser un cheque en blanco: ellos deben rendir cuentas del uso que hacen de ese dinero. Y, al mismo tiempo, el Estado también debe saber bien de qué otras fuentes reciben ayudas, ya que un problema de lamentable gran actualidad en toda Latinoamérica es que los partidos reciben colaboraciones desde el narcotráfico y el crimen organizado.

En el Paraguay, los partidos políticos reciben recursos del Presupuesto de la Nación, pero, además, se les exonera del pago de ciertos impuestos, y hasta se obliga a los medios de comunicación a ceder espacios publicitarios en tiempos electorales, lo que muestra que son financiados por el ámbito público, pero también por el privado.

El gasto que hizo el Estado paraguayo en concepto de aportes estatales y subsidios electorales a las agrupaciones políticas, en los últimos ocho años, llega a casi 100 millones de dólares, y ese dinero nunca estuvo sujeto a control alguno. Los principales beneficiarios de este dinero fueron los partidos Colorado, en primer lugar, y el Liberal Radical Auténtico, en segundo. En aportes estatales, los grupos beneficiados en los últimos años, además de la ANR y el PLRA, son las concertaciones Frente Guasu y Avanza País, así como los partidos Unace, Encuentro Nacional, Patria Querida y el Partido Demócrata Progresista.

Ahora, por primera vez, este año las agrupaciones políticas presentaron rendiciones a la Justicia Electoral, respecto a sus gastos de campaña por las elecciones municipales del 2015. Pero del examen realizado por la Contraloría de la República a estos informes se detectaron irregularidades en todas las rendiciones por un monto total de G. 46.074.123.463. De los 58 grupos, solo se salva la Concertación Avanza San Lorenzo.

Además de convertirse en espacios de prebenda y clientelismo, los partidos no lograron convertirse en una herramienta de participación real de los ciudadanos y tampoco han sido capaces de ser formadores de ciudadanos comprometidos con el país.

Son muy elevados los recursos que han sido destinados a subsidiar a las agrupaciones políticas. Es hora de que los partidos rindan cuentas. Están obligados –no solo por ley, sino moral y éticamente– a mostrar transparencia y a construir ciudadanía. La democracia así lo requiere.