Once campesinos han sido juzgados por la muerte de los seis policías en un proceso que finalizó esta semana y cuyas sentencias se conocerán el próximo lunes.
Sin embargo, no hay ningún imputado por la muerte de los once labriegos durante la conocida masacre de Curuguaty, lo que fue calificado por el Frente Guasu como una “aberrante falencia”.
“La primera aberrante falencia se da en que solo el fallecimiento de los seis policías en el hecho, es objeto de juicio, obviando la muerte de 11 campesinos”, dijo la formación política en un comunicado.
En ese sentido, la formación de Lugo, que en la actualidad es senador del Frente Guasu, dijo que el proceso es “el más grotesco y aberrante” de la historia de la Justicia de Paraguay y que la Fiscalía ha quebrantado “flagrantemente su función” como representante de la sociedad en delitos de acción penal pública.
“El Ministerio Público está jugando un papel que tiene por claro propósito castigar a compatriotas inocentes para ocultar la verdad de lo ocurrido en junio de 2012 en Curuguaty”, indicó el Frente Guasu.
El grupo político agregó que existe una “total carencia de pruebas que vinculen en una clara conexión causal a los campesinos hoy imputados, con el delito en cuestión”.
La Fiscalía sostiene que los campesinos acusados formaban parte de un grupo de alrededor de 70 personas que ocupaban unas tierras en la localidad de Curuguaty (este) para pedir que se integraran a la reforma agraria y que, durante el desalojo del complejo, participaron en el tiroteo que ocasionó la masacre.
Según la Fiscalía, esos once campesinos tendieron una emboscada a los más de 300 policías especializados y provistos de armas largas que intervinieron en el desalojo.
En su comunicado, el Frente Guasu “llama a la ciudadanía local e internacional a cerrar filas para impedir el crimen que se propone el ministerio Público con los compatriotas campesinos inocentes que hoy están siendo juzgados”.
La masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012, sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo, que fue destituido una semana más tarde en un procedimiento calificado de “irregular” por organismos como la Unasur y el Mercosur.
