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Editorial
lunes 21 de noviembre de 2016, 02:00

Parlamentarios atentan contra la responsabilidad fiscal

La Ley de Responsabilidad Fiscal está siendo, por tercer año consecutivo, vulnerada por los mismos parlamentarios que la aprobaron. Las consecuencias no son solo económicas, sino también políticas. Por un lado presionan el déficit fiscal obligando a cada vez mayor endeudamiento. Por otro lado, un presupuesto desfinanciado que solo consigue pagar salarios genera malos servicios públicos y con ello se deslegitima el rol del Estado frente a la ciudadanía. El aumento salarial indiscriminado, sin considerar el buen o mal desempeño de los empleados públicos y que se agrava en un contexto de alto prebendarismo político no contribuye a la calidad de las políticas públicas y menos aún con el bienestar de la población. El Congreso debe actuar en función de la ciudadanía y no de la búsqueda de votos frente al inicio del año electoral.

La irresponsable decisión de aumentar salarios sin considerar la implementación de una carrera del servicio civil basada en la meritocracia y en los resultados de la gestión no solo no contribuye a mejorar las políticas públicas, sino que además profundiza las fuertes distorsiones e inequidades con que ya cuenta el sector público en materia de recursos humanos.

Adicionalmente al problema económico y de incentivos perversos, el impacto es político. En medio de un déficit público, con alto nivel de endeudamiento, sin espacio fiscal para insumos y otros recursos imprescindibles en la gestión de las políticas públicas, un aumento salarial no necesariamente se traduce en calidad de los servicios.

La ciudadanía termina pagando impuestos para financiar salarios altos a funcionarios que no cuentan con los insumos ni el contexto institucional adecuado para realizar sus labores con eficacia y calidad.

El aumento de salarios sin considerar la carrera del funcionario público hace que finalmente los fondos se distribuyan a todos por igual y terminan desincentivando a quienes ponen esfuerzo y dedicación. Estos acaban recibiendo un trato similar al de los planilleros y operadores políticos.

No sirve de nada a la ciudadanía tener instituciones de salud y educación llenas de funcionarios públicos bien pagados, pero carentes de los recursos necesarios para hacer bien su trabajo. El Estado gasta inútilmente los pocos recursos con que cuenta poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos al no prestar servicios de calidad.

Los parlamentarios deben tomar conciencia de que su deber está en garantizar los derechos de la ciudadanía y cumplir sus promesas electorales, pilares fundamentales de la democracia.

Ceder ante las presiones de funcionarios públicos sin contar con mecanismos que permitan que esos recursos contribuyan a mejorar la gestión pública constituye un desperdicio de recursos y una afrenta a quienes con su esfuerzo diario pagan sus impuestos.

Las necesidades de la ciudadanía deben ser puestas en primer lugar, ello requiere un adecuado equilibrio entre los recursos humanos, los insumos y la infraestructura. La eficacia y eficiencia de las políticas públicas depende de la buena asignación de los recursos públicos.

La gestión de los recursos humanos del sector público debe basarse en la mejora de los servicios, el fortalecimiento de la carrera del servicio civil y el trabajo decente de los funcionarios públicos. Son tres objetivos que pueden ir de la mano si las partes involucradas toman las decisiones con criterios racionales y no político-electorales.