En un país relativamente homogéneo como el nuestro, se hace más difícil percibir las diferencias. Por eso en algunos ámbitos hay resistencia a reconocer que formamos parte de una sociedad que discrimina, y que ese antivalor debe ser erradicado de nuestra convivencia civilizada.
En sitios donde los matices son más visibles, como en Ecuador, Perú o Bolivia, las cosas son más sencillas. De todas maneras, en cuanto nos sabemos parte de una minoría, inmediatamente reaccionamos, repeliendo cualquier forma de rechazo, por considerarlo inhumano.
Ese es el caso de la colectividad paraguaya en Argentina. En más de una ocasión hemos escuchado que nuestros compatriotas son objeto de discriminación. Aun a personas de relieve, como es el caso de José Luis Chilavert, por ejemplo, en algún momento se las ha insultado con expresiones tales como: “paraguayo muerto de hambre”, “paragua” o “andáte a tu país”. Cuando eso acontece, nos llenamos de justificada cólera.
En el vecino país, sin embargo, cualquier persona que se vea así afectada puede recurrir, en virtud de la Ley Nº 24.515, al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), y plantear la denuncia correspondiente. Recuerdo que así lo hizo una pareja de judíos recién casados, a quienes una señora se negaba a alquilarles un departamento por miedo a eventuales “ataques terroristas”. La propietaria fue denunciada, y recibió las sanciones del caso.
Ese es uno de los instrumentos que ahora se pretenden implementar aquí con la presentación ante el Congreso de un proyecto de ley “Contra toda forma de discriminación”. De hecho, el artículo 46 de la Constitución Nacional prescribe que: “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien”. El proyecto de ley pretende, pues, reglamentar lo que de hecho es ya una garantía constitucional.
Desafortunadamente, como aconteció recientemente con la elección municipal, algunos extremistas descalifican el documento, alegando que propende a la legalización encubierta del aborto o el matrimonio gay. Es una falacia.
Esperemos que los parlamentarios, como la ciudadanía asuncena lo hizo hace dos semanas, dé muestras de madurez e independencia y, en consonancia con el laicismo consagrado en la Constitución, apruebe una norma que apunta a la necesaria protección de los grupos más vulnerables de la sociedad.
