La virtual ganadora del llamado en cuestión expresó en un comunicado de prensa que lamenta que el proceso se vea obstaculizado “por el pedido de sujetos sin competencia para entender en el asunto, lo que le da al dictamen de Contraloría un vicio de origen”.
Asimismo, consideró que el mismo dictamen del ente contralor indica que cualquier empresa que participó del concurso debió honrar la fianza establecida en el pliego de bases (USD 1,5 millones) para optar por el recurso de impugnación, refiriéndose a las denuncias de la oferente Cedicor (Argentina), que motivó la intervención de la Contraloría. “Pero (Cedicor) no lo hizo. Y solo por este hecho el dictamen debería carecer de validez”, agregó la empresa, que reprochó el actuar de Cedicor, sin nombrarle.
Vanaglorió además todo el proceso y a los funcionarios, porque “han seguido todos y cada uno de los pasos administrativos marcados en la Ley” y “el proceso de evaluación se realizó con transparencia y en igualdad de condiciones”. Resaltó que una eventual cancelación de la adjudicación sería un grave precedente para la ley de APP, cuya promulgación le dio al Paraguay visibilidad ante inversores internacionales.
“Una resolución en contrario, le aplicaría una herida mortal: Alertaría al mundo inversor sobre la inseguridad jurídica de Paraguay, pondría en peligro la financiación de otros proyectos en el país, eliminaría la competencia en los negocios de construcción, concesiones y servicios y dejaría a merced de grupos oligopólicos los sectores de mayor dinamismo de la economía, con el consiguiente perjuicio para el Paraguay”, enfatizó el comunicado.
SE OPTÓ POR NO PRECALIFICAR. Por otro lado, aseveró que la precalificación en el concurso es una potestad del MOPC, que “ha decidido no aplicarla en este caso, optando por el desarrollo de un aún más duro proceso de calificación técnica, que dejó fuera a un oferente en esa instancia (precisamente el que puso la denuncia sin pagar la fianza establecida), y en el que ha participado un comité evaluador altamente cualificado que ha hecho multitud de requerimientos y preguntas a los oferentes”, resalta.
Sacyr señaló que a la vista del dictamen, la Contraloría no cuestiona en ningún momento la legitimidad de la empresa como oferente, y que no ha realizado declaración jurada falsa. Contraloría dice lo contrario.
