La posición del ex obispo llama la atención, puesto que él forma parte de la comisión especial que analiza el acuerdo firmado en mayo pasado por los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri. Ese documento estableció que la deuda de Yacyretá con el Tesoro argentino es de USD 3.800 millones (para fin de 2017), algo que es rechazado por los demás miembros de la comisión.
Asimismo, los integrantes de ese órgano aseguraron que Añá Cuá sí o sí debe tener aprobación del Senado y que las autoridades del Gobierno se exponen a acciones judiciales por hacer el llamado a licitación sin permiso.
“La interpretación que nos daban los técnicos, no los políticos, es que era una obra complementaria y que como obra complementaria no tendría necesidad de pasar por el Congreso. Mi opinión personal, me quedo con esa opinión que hemos recibido”, explicó Lugo.
El parecer del ex mandatario coincide con lo expuesto por Ángel Recalde, director paraguayo de la EBY, quien aseguró que la obra de Añá Cuá es viable sin aval del Congreso, puesto que así lo indica el Anexo B del Tratado de Yacyretá.
EN CONTRA. La comisión especial del Senado está formada, además de Lugo, por Miguel Abdón Saguier (presidente), Eduardo Petta (vicepresidente), Miguel López Perito (relator), Desirée Masi (miembro) y Arnoldo Wiens (miembro).
Al respecto, Saguier señaló que aún no se resolvió la problemática financiera de Yacyretá y el consenso al que se llegó con todos los sectores era que no se iba a impulsar nuevas obras hasta tanto no se clarifique el pasivo de la binacional. El congresista ratificó que la EBY no le debe nada al Gobierno argentino, puesto que el vecino país llevó casi la totalidad de la energía producida desde 1994.
López Perito añadió que es un delito emprender Añá Cuá y que hay un negociado detrás.