“Acá investigamos el testimonio falso. Los jueces (Felipe Acosta y Carlos Bogado) tienen estos elementos, saben de esta práctica. Viene la ujier notificadora para el inicio de demanda y dice que le notificó a una persona afectada en la calle Montevideo 571, (sede del MEC). Cómo le va a notificar a alguien en un lugar que no es su domicilio; esta es una práctica que la Corte sabe y no para”, lamentó.
Sosa Laconich investiga el caso de cientos de docentes que fueron víctimas de casas comerciales que les hicieron firmar pagarés por préstamos y que, un mes después, iniciaron demandas de embargo contra los trabajadores.
“Las consecuencias son gravísimas, porque el oficial de justicia se va a esta dirección, Montevideo 571, y dice que le encontró al docente, y que este incluso le reconoció la deuda. Ahí es cuando se embarga el dinero que tiene el empleado en su cuenta corriente en el Banco Nacional de Fomento. El docente se entera recién de todo esto a fin de mes cuando intenta cobrar su salario”, explicó.
La representante del Ministerio Público declaró que esta es una práctica procesal común de los jueces de Paz que aceptan cédulas de notificación de inicio de juicio voladoras y, mandamientos de embargos voladores.
“Qué significa esto, que el funcionario fue y mintió que le encontró al docente o al deudor”, aseveró.
Sosa Laconich manifestó que sorprende que los oficiales de justicia no comprendan la gravedad de la acción que están cometiendo.
La Federación de Educadores del Paraguay (FEP) calcula que unos 7.500 docentes cayeron en el esquema usurario de varias casas comerciales.
