Carlos Díaz Valiente, responsable principal de la Coordinadora, expresó que no están de acuerdo con la versión de que existiría un perjuicio patrimonial de G. 401,3 millones y a futuro G. 3.791 millones por intereses que se dejarán de percibir. “Esas afirmaciones son absolutamente falsas y no se ajustan a la verdad”, afirmó.
Al mismo tiempo, explicó que en la Caja se realizó una investigación, que arrojó como resultado el estatus de que las operaciones de créditos canceladas anticipadamente (capital, más intereses devengados hasta la fecha de cancelación) fueron realizadas con fuente de financiamiento externo.
Destacó que el procedimiento se ajusta al marco legal vigente y que los intereses no devengados no constituyen ingresos, por lo cual no representan perjuicios económicos ni afecta la rentabilidad de la institución.
“En consecuencia, no ha existido un lucro cesante para la Caja Bancaria, ni perjuicio patrimonial alguno por la operación lícita de cancelación anticipada de préstamos, efectuada por los afiliados prestatarios de la Caja”, manifestó.
En defensa de la Caja, Díaz Valiente mencionó que la cancelación anticipada de créditos es un beneficio establecido incluso por la Secretaría de Defensa al Consumidor, y apuntó que son 13 los gremios que aglutinan al 99% de los jubilados y pensionados, y que están de acuerdo con esta postura, ya que los afiliados pudieron beneficiarse y disminuir sus gravosas cargas de deudas existentes.