Aseveró que no se puede generalizar que exista una rosca mafiosa entre los proveedores y la Justicia o eventualmente con Contrataciones, puesto que se debe analizar cada caso.
“Desde mi punto de vista, la DNCP exagera hoy día en las sanciones que impone a los contratistas. Opinar en forma general es muy complicado. Puede ser que tengas un caso de que un eventual sancionado está consiguiendo una medida cautelar que no corresponda, así como puede ser que justamente la medida cautelar corrija una situación injusta que haya creado Contrataciones Públicas”, manifestó.
Añadió que existen muy pocos casos de medidas cautelares a favor de los proveedores sancionados, puesto que el Tribunal de Cuentas es bastante reacio a otorgar estas medidas. Acotó que el problema de la medida cautelar es que el Tribunal no da mayores justificaciones del porqué la otorga, porque podría estar prejuzgando el caso. Recién cuando termina el caso, se puede tener un panorama de lo que realmente pasó, apuntó.
Sin embargo, considera correcto que se le sancione o inhabilite a un proveedor para contratar con el Estado, si es que efectivamente hubo incumplimiento de contrato.
“Aumentar la cantidad y endurecer las sanciones es una política que tomó la actual administración de Contrataciones Públicas. Pudieron hacer porque hubo un proceso de decantación de expedientes viejos que comenzó bajo mi gestión. Había 300 o 400 expedientes que no tenían trámite y para acelerar las cosas se eliminó un departamento que era una especie de filtro. A partir de eso pudieron correr más rápido los procedimientos. Entonces, hay una cola de trabajo de muchísimos expedientes y eso determinó que haya una gran cantidad de sancionados. Probablemente, la mayoría recurrió al Tribunal de Cuentas, pero muy pocos hasta donde yo sé consiguieron la medida cautelar”, enfatizó.
