La protesta de médicos de todo el país en contra de una sentencia judicial no tiene antecedentes en nuestra historia. Esa multitud no fue convocada por algún sindicato o asociación gremial. Y fue, además, la primera vez que profesionales del ámbito privado y estatal se unen en un mismo reclamo. Aceptemos que alguna razón valedera debió motivar semejante movilización.
Por otro lado, buena parte de la opinión pública reaccionó de manera adversa. Siente que los médicos se defienden colectivamente y pretenden privilegios ante la justicia, que le son negados al resto de los ciudadanos. Aceptemos también que flota en el aire una sospecha de corporativismo.
Bueno es reconocer que el corporativismo existe y es una tradición histórica y universal entre quienes practican la medicina. Pero no es privativa de esta profesión. No se olvide que los abogados y magistrados del Alto Paraná también hicieron una manifestación en sentido inverso: “contra el terrorismo médico”.
El hecho de haber denunciado a colegas que colaboraron con torturadores de la dictadura; con abusadores y corruptos que se aprovecharon ilícitamente de su posición académica o asistencial; con indecentes vestidos de blanco, me ha granjeado enemigos, pero me dio una ventaja: aprendí a separar unos de otros. Hay una enorme mayoría de médicos con una admirable vocación de servicio, que día a día luchan abnegadamente en ambientes hospitalarios precarios como verdaderos héroes anónimos.
Todo médico convive con la posibilidad del error. La buena formación, el entrenamiento y la responsabilidad disminuyen su frecuencia, pero esa amenaza está siempre presente. Cuando hay mala praxis, negligencia o impericia debe haber un castigo. Nadie aboga por la impunidad. Pero, si no existe la intención criminal de hacer daño, las sanciones deberían limitarse al ámbito civil y no al penal y, si así corresponde, con reparaciones proporcionales al daño causado.
No parece razonable que un procedimiento médico –realizado con el fin de salvaguardar la salud del paciente y no de dañarlo– que termine con un resultado funesto lleve al profesional a la cárcel. En casi toda la legislación del mundo occidental no se sancionan penalmente las conductas médicas negligentes, sino que las penas se dirimen en el territorio de las indemnizaciones.
La sociedad tiene el derecho de exigir al gremio médico el cumplimiento estricto de lo que se espera de esa profesión. Pero los médicos también deberían poder trabajar en condiciones decentes, sin sentir el temor a que su acto sea criminalizado. Cuando bajen las estridencias de este episodio, se impone una reflexión más profunda sobre un tema complejo en el que ninguna de las partes tiene el monopolio de la razón.