El impuesto inmobiliario constituye una oportunidad real para que los gobiernos municipales contribuyan de manera efectiva a la mejora de la calidad de vida. La Ley Orgánica Municipal les otorga numerosas competencias que actualmente no son ejecutadas.
La queja constante de intendentes es la falta de recursos, lo que debería resolverse en parte con una buena gestión en el cobro del impuesto inmobiliario. Ello requiere cambios sustanciales en la administración tributaria local y en el cálculo del impuesto.
La mejora en la recaudación solo será posible si se modifica la base de cálculo pasando del valor fiscal al valor de mercado y si las municipalidades avanzan en sus sistemas administrativos para el cobro, control, transparencia y rendición de cuentas.
Durante años, los gobiernos locales se han contentado con recibir transferencias del Gobierno Central, con los resultados ampliamente conocidos en materia de corrupción. La pereza fiscal es otro de los resultados derivados de un mal diseño institucional de los incentivos. Si el Gobierno Central cobra y transfiere los recursos, para qué hacer el esfuerzo de recaudar.
Estamos en el momento justo para plantear un debate nacional en torno al impuesto inmobiliario. En pocos días más se realizan las elecciones municipales. Los nuevos intendentes deberán asumir el reto de implementar acciones para mejorar las condiciones de vida en los distritos y cumplir sus promesas electorales, para lo cual necesitan recursos adicionales. No pueden continuar pidiéndole al Gobierno Central cuando tienen instrumentos para dotarse ellos mismos de financiamiento.
El acceso a agua potable y saneamiento son factores determinantes para mejorar la salud de vecinos y vecinas, la provisión de servicios de transporte público y de infraestructura vial permiten el desarrollo productivo y contribuyen a la seguridad ciudadana, el aumento de la infraestructura social y espacios culturales y de recreación satisface necesidades fundamentales de la niñez, juventud y de las personas adultas mayores.
El cabal cumplimiento de estas competencias otorgadas por ley pueden y deben ser financiadas con impuestos justos. Uno de estos es el impuesto inmobiliario, que actualmente tiene una muy baja recaudación.
No hay justificación para las demandas persistentes de descentralización. Las municipalidades tienen suficientes e importantes competencias y ahora cuentan con una potencial fuente de recursos que de manejarse bien podrá financiar una parte importante de los programas municipales.
El actual impacto potencial del impuesto inmobiliario debe efectivizarse con una mejor regulación. Un factor determinante es actualizar el valor de la propiedad al valor de mercado. Esperemos que las autoridades, especialmente los nuevos intendentes y concejales, tomen conciencia del alto impacto del impuesto inmobiliario.
