La determinación fue tomada con el respaldo de la escribana mayor del Gobierno, Marta Narvaja, y el asesor jurídico de la Presidencia, Sergio Godoy.
Narvaja explicó que declararán patrimonio histórico el lugar y señaló que están trabajando en la protección íntegra del edificio. Acotó que no existe ninguna duda de que la sede del Palacio de López perteneció a los López.
Sin embargo, la determinación del Gobierno generó críticas de parte de los descendientes de los López. Específicamente, Pablo Fernández Solano López, el tataranieto del mariscal, quien denunció a través de los medios que el presidente Horacio Cartes cometería una ilegalidad si llegase a promulgar y declarar como patrimonio nacional. Consideró que es una medida totalmente inconstitucional.
Solano López dijo que es el bisnieto de uno de los hijos del mariscal con Elisa Alicia Lynch. Aseguró que el edificio pertenecía a don Lázaro Rojas y este le instituyó a López como heredero.
La escribana Narvaja respondió a la familia y pidió a la misma que recurra a la Justicia si tiene algún reclamo. Los familiares le informaron sobre la decisión de abrir la sucesión para constituirse como herederos. La escribana les respondió que es una cuestión que escapa a su competencia
“Si piensan que pueden reclamar, que lo hagan. Pasaron más de 150 años”, apuntó. Consideró que varios edificios históricos están con problemas de documentación. Mencionó el caso de El Cabildo, que no tiene documentos y figura como un barranco. Señaló que desde la Escribanía Mayor del Gobierno se encuentran tratando de regularizar y dar un ordenamiento jurídico a todos los edificios históricos.