Si en algún momento los principales partidos políticos del país fueron valiosos espacios para promover a ciudadanos honestos y capaces a cargos electivos, teniendo en cuenta principalmente su voluntad de servir a sus compatriotas y trabajar por mejorar la situación del país, sin importar que sean personas de humilde condición económica, eso ha ido cambiando radicalmente, hasta convertir a la actividad política en un gran mercado en que las candidaturas se compran y se venden al mejor postor.
Un informe publicado ayer por este diario revelaba que para poder ingresar en un lugar privilegiado dentro de la listas de candidatos a las cámaras del Congreso los partidos políticos –principalmente los tradicionales– exigen dinero a los que deseen postularse, con montos que llegan hasta a 500.000 dólares.
Esta confirmación de los niveles de clientelismo en que ha caído la política local constituye otro de los grandes problemas que dañan al sistema democrático, afectando directamente al propio sistema de representación popular.
De este modo, cada vez más, solo quienes puedan disponer de mucho dinero lograrían acceder a ocupar bancas o curules en instituciones como el Parlamento o cuerpos legislativos departamentales o municipales, con lo cual solo queda la opción de que sean personas millonarias que puedan costear sus propias candidaturas, o lo que es peor, que estén dispuestas a ser financiadas por otros sectores con muchos recursos financieros, pero que con toda seguridad exigirán favores a cambio, comprometiendo la independencia de los legisladores y dirigentes políticos.
La cuestión es aún mucho más grave ante las resistencias de los legisladores a aplicar cualquier tipo de control al financiamiento de las campañas políticas. Tras muchas idas y vueltas, ante la presión de los medios de comunicación y de sectores de la ciudadanía, la Cámara de Diputados aprobó recientemente la ley de financiamiento político, pero que solo podrá entrar en vigencia para las elecciones municipales del 2020 y no para las generales del 2018. El proyecto aún debe ser estudiado en Senadores.
De este modo, los próximos comicios internos de los partidos y las elecciones presidenciales y generales de abril de 2018 quedan librados a que surjan candidaturas financiadas con dinero sin control, lo cual equivale a decir que –ante el alto costo exigido por los partidos políticos tradicionales y principales– aparecerán muchas candidaturas financiadas con dinero de dudoso origen, probablemente procedentes de grupos y personajes del crimen organizado y el narcotráfico.
Queda la esperanza de que los partidos más nuevos no caigan en esta política de vil mercado y compraventa de candidaturas, y sobre todo que la propia ciudadanía adquiera conciencia, se movilice con más fuerza y exija un radical cambio de este esquema.