Los padres de Dayana, José Zárate y María Bustamante, compartieron esta semana su testimonio en un foro en La Paz en el que el Colectivo de Transexuales, Lesbianas, Gais y Bisexuales de Bolivia (Colectivo TLGB) analizó los avances y desafíos para el cumplimiento de los derechos de esa comunidad.
“Esto no lo podemos dejar así. Han matado en vida a toda mi familia”, dijo Zárate a Efe, mientras que Bustamante aseguró que desde el 1 de abril de 2016, cuando su hija fue asesinada, viven un verdadero “calvario” en busca de justicia.
Padre y madre no tienen más que palabras de amor al recordar a su hija, pese a que nunca llegó a contarles en persona sobre su verdadera orientación sexual y solo se enteraron cuando murió.
Los orígenes de Dayana son humildes. Era la segunda de seis hijos y se llamaba José María antes del cambio de sexo.
“Hay ratos que no tengo palabras, me siento impotente al no verla a mi hija, al no poder hacer nada. Es tan difícil aceptar la pérdida de ella”, aseguró Bustamante entre sollozos.
Los padres y cinco hermanos de Dayana viven de forma modesta en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, mientras que ella se fue a Santa Cruz (este) en busca de prosperar para ayudar a su familia.
Dayana, que iba a cumplir 24 años en julio pasado, llevaba viviendo en la ciudad cruceña unos tres años y era propietaria de una especie de bar que allí se conoce como “rockola”.
Ella ya se había hecho una cirugía de implante mamario y estaba ahorrando para una vaginoplastía, indicó a Efe el abogado de su familia y activista Víctor Hugo Vidangos.
Álex Vilca (23), el asesino confeso, empezó a trabajar para ella un mes antes del suceso y a los días de su contratación iniciaron una relación, explicó a Efe la abogada del Colectivo TLGB, Rocío Lucero León.
Unos días antes del hecho, el joven llevó a vivir con ellos a Graciela S.I. (20), a quien presentó con otro nombre como si fuese su hermana, pero en realidad era su pareja, señaló Lucero.
La noche del asesinato quedaron los tres solos en la “rockola” y aparentemente hubo una discusión.
Dayana fue hallada al día siguiente por una vecina en el baño del local, ensangrentada, atada de pies y manos, con cortaduras en el cuerpo y quemaduras de cigarrillo en el rostro.
La autopsia confirmó que fue degollada con trozos de una botella de vidrio y un cuchillo de mesa.
Según la defensa de la familia de Dayana, Vilca planificó todo con el objetivo de robar el dinero que había ahorrado para completar su cambio de sexo, ya que tras matarla, él y su cómplice requisaron el local y la casa para luego huir.
Vilca y la joven fueron hallados días después del suceso y están detenidos preventivamente en el penal cruceño de Palmasola.
Cuando los padres de Dayana se enteraron de lo ocurrido pensaron que se trataba de una “broma pesada”, pero luego la realidad les golpeó y comenzó un calvario que incluyó malos tratos por parte de los investigadores y un peregrinar entre La Paz y Santa Cruz.
A ello se suma el tener que lidiar con un fiscal que ha intentado aminorar la imputación.
Según la abogada Lucero, el fiscal primero estaba convencido de que se trató de un asesinato “merecedor de una sanción de 30 años”, pero “extrañamente” tras la detención de Vilca cambió de opinión y dijo que era un “homicidio por emoción violenta”, con una condena mucho menor, lo que rechaza la familia de Dayana.
El Colectivo TLGB y los padres de Dayana presentaron notas de queja en contra del fiscal, logrando su cambio hace un mes.
Aunque el caso ya está en etapa de juicio, Lucero lamentó que “no se esté procesando como debería” debido a que la Fiscalía no hizo una investigación minuciosa, no hubo una custodia de pruebas y no se verificó si el acusado tenía antecedentes penales, entre otros.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2014 señala que en la última década hubo 55 asesinatos de personas TLGB en Bolivia.
El caso de Dayana es el “más emblemático” porque es el primero que llega a juicio y esto ha sido posible por voluntad de su familia, destacó la abogada.
“Es obligación del Ministerio Publico continuar estos procesos, pero no lo hace. Si no hay una familia que se presenta, que reclama, no lo hacen y se queda ahí. La pena es que muchas familias, por vergüenza, se callan”, agregó.
No fue el caso de los Zárate, quienes ahora son activistas, agradecidos por el apoyo de la comunidad TLGB para afrontar el juicio.
Gina Baldivieso
