el caso Ibáñez. El diputado colorado José M. Ibáñez no hizo otra cosa sino empeorar su ya degradada imagen política con un blúper jurídico. Acusado de pagar a sus caseros con plata del Estado, quedarse con parte de los salarios, falsificar las planillas, etcétera, fue hasta la Fiscalía con una oferta: admitir su culpa en el caso. En forma jactanciosa ofreció donar G. 200 millones que “supera en un 600% la estimación del supuesto daño patrimonial” a centros hospitalarios, a cambio de dejar sin efecto su causa, bajo la figura de suspensión condicional del procedimiento. Esto a fin de evitar el juicio oral y quedar sin antecedentes judiciales.
En tono solemne el lunes admitió que “nos equivocamos todo el tiempo a lo largo de nuestras vidas. Yo he cometido errores, la diferencia está en la actitud con la cual enfrentamos esos errores, esas caídas. Yo he decidido pararme frente a ustedes con toda sinceridad y reconocer públicamente aquellos errores que pude haber cometido”.
Presionada por la indignada ciudadanía, la Fiscalía no aceptó la propuesta indecente. Entonces, Ibáñez apeló a un silogismo enrevesado para soltar la frase que lo definirá por mucho tiempo: “El reconocer errores no significa asumir la culpa de ningún delito”. Si el juez se allana a la decisión fiscal, el diputado enfrentará el juicio oral.
El affaire Ibáñez puso nuevamente al Congreso en la mira y ratificó que este poder del Estado funciona como una gran corporación que protege a los suyos, a pesar de sus delitos. Los parlamentarios siguen sin entender que la ciudadanía ha cambiado y que ahora vigila sus pasos. Siguen sin entender que la recuperación de su credibilidad exige sacrificar a aquellos miembros que han perdido la vergüenza. Que la impunidad salva momentáneamente, pero hiere de muerte a los partidos políticos y a la democracia.
Ningún Ibáñez, Bogado, Cardozo y otros imputados por corrupción valen tanto como para seguir minando los cimientos del templo de la democracia.
el caso Medina. Una vez más los sicarios del narcotráfico apuntaron sus letales balas contra un periodista, creyendo erróneamente que con ello silenciarán la verdad. Esta vez, la víctima fue Pablo Medina, corresponsal del diario Abc en Curuguaty. Fue acribillado a balazos junto a su joven asistente Antonia Almada. Sobrevivió a esa tarde de terror Juana Almada, quien viajaba en el asiento trasero de la camioneta y testigo clave de los crímenes.
Medina era un periodista que reportaba noticias vinculadas al narcotráfico y el tráfico de rollos de la zona, esa orgía delictiva de la que participan delincuentes y políticos, que son el nuevo poder, la narcopolítica que crece sin freno en el Norte junto al EPP, ACA y otras empresas criminales.
El caso Medina trajo de nuevo a la memoria el impune crimen de Santiago Leguizamón en 1991, ultimado en similares circunstancias.
Pablo y José, dos metáforas de este tiempo. Uno que muere a pecho gentil por defender el sagrado derecho de informar, y otro que exprime al Estado hasta para pagar hasta sus cuentas domésticas.
El Estado está obligado a proteger a los Pablos que con su trabajo buscan un país mejor.
El Estado debe dejar de ser cómplice y castigar a los Josés (con disculpas de los buenos Josés) que, abusando de su poder político, no hacen otra cosa sino matar la democracia.
