Las autoridades son conscientes de la importancia de estar preparados para atender a los afectados ante posibles desastres naturales y de contar con planes de contingencia, infraestructuras y equipos tan novedosos como un albergue desmontable, una iniciativa pionera presentada hoy en el país por el consorcio Oxfam-Plan International-Habitat para la Humanidad.
La provincia San Cristóbal (al oeste de Santo Domingo) es la primera del mundo que cuenta con este tipo de refugio desarrollado por el consorcio Oxfam-Plan International-Habitat para la Humanidad, según explicó a Efe el responsable de Acción Humanitaria de Oxfam en el país, Carlos Arenas.
Se han llevado a cabo refugios similares, como albergues flotantes en Colombia, pero este es el primer albergue portátil existente en su categoría, y fabricado con “tecnología panel sandwich”, una estructura hecha con dos placas metálicas entre las que se coloca poliestileno (foam).
El resultado es un refugio “muy resistente, que aisla del calor, que aguanta el fuego y vientos equivalentes a un huracán de categoría 3, que es muy ligero”, y que los propios miembros de una comunidad, con un entrenamiento previo, pueden montar aproximadamente en un día o día y medio, directamente sobre una superficie lisa, explica Arenas.
Frente a las típicas tiendas de campaña que se suelen montar en emergencias, ofrecen mucha más seguridad a la población, que se siente más protegida porque da “más sensación de robustez”.
Dadas la virtudes del albergue portátil, el director ejecutivo de la Defensa Civil dominicana, Rafael Emilio de Luna Pichirilo, anunció el propósito del gobierno de reproducir esta estructura para llevarla a otras comunidades, y las réplicas que decida hacer el Estado se harán en fábricas nacionales.
Para Arenas, este es un gran paso, “cómo las autoridades aprenden y toman para sí las acciones en las que trabajamos las distintas organizaciones”, y reconoció que “en los últimos años se ha visto una apuesta del Estado por la gestión de riesgos”.
Sin embargo, “también es verdad que es por el incremento del impacto de este tipo de fenómenos”, y es que se ha pasado de un desastre natural cada 3 años en los 90, según datos del Banco Mundial, a dos eventos de este tipo en un mismo año, con unos efectos devastadores sobre la economía.
Los denominados pequeños estados insulares en desarrollo están especialmente expuestos a los desastres naturales porque tienen ante sí una serie de desafíos que no tienen otros países, por ejemplo, los relativos a la gestión del agua y porque están en el corredor de los huracanes, explica el responsable de Acción Humanitaria de Oxfam.
Un ejemplo es la República Dominicana, donde, además, “las desigualdades y el empobrecimiento van en aumento”, lo que “hace necesarios proyectos como este” para garantizar una adecuada atención a la población en caso de que sea necesario.
“No es solo por salvar vidas, lo que constituye un mandato para cualquier estado, sino también es por un tema de economía y de desarrollo sostenible, un punto del que no podemos hablar si no hay un trabajo para reducir los riesgos y para aumentar la protección social de la población más empobrecida”, señala.
En República Dominicana hay un amplio censo de albergues, pero el 55 por ciento son escuelas, y utilizarlas para alojar a los damnificados choca con el derecho a la educación de los niños en edad escolar, así que no es lo más apropiado. Lo preferible es que los desplazados se alojen con familias o amigos, pero contando con la ayuda del Estado en cuestiones de higiene y alimentación.
Sin embargo, hay zonas muy masificadas, como el Gran Santo Domingo, donde estas estructuras van a ser fundamentales para dar refugio a los afectados por un desastre, garantizando la protección humanitaria y la dignidad.
En este sentido, Arenas destaca que, en ocasiones, en estos contextos se producen abusos, pero la distribución de estos refugios ubica por separado a los hombres solteros de las familias y de las madres lactantes. Hasta la orientación de los baños está pensada para garantizar la protección de los segmentos sociales más vulnerables.
La fabricación y la implementación de un albergue portátil tiene un costo de entre 30.000 y 40.000 euros, una cantidad que para Arenas no es excesivamente elevada, especialmente si se tiene en cuenta el índice de amortización de la estructura, que tiene una vida útil de unos 30 años.
En el caso de este primer albergue portátil, la financiación ha corrido a cargo de la Unión Europea en un 85 por ciento, asumiendo el resto el consorcio Oxfam-Plan International-Habitat para la Humanidad, que ya ha recibido mensajes de varios países interesándose por su iniciativa.
Por María Montecelos
