Acaba de ocurrir de nuevo. Esta vez, la historia viene de manos de dos diputados colorados, que haciéndose cargo de una propuesta del eterno defensor del pueblo –del mismo partido– presentaron un proyecto de ley de acceso a la información pública que crea una estructura burocrática nueva y establece la categoría de informaciones de carácter reservado o confidencial, como excusa para negar la entrega de información.
Lo malo de este tipo de propuestas parlamentarias es que no se basa en una consulta amplia; y termina generando una suerte de fobia social hacia cualquier iniciativa que busque reglamentar y garantizar la plena vigencia del derecho de acceso a la información.
La necesidad de hacer esto es indiscutible, más aún cuando en el país sigue inalterable la cultura del secretismo y las posiciones autoritarias, incluso, en los políticos de nueva cuña. El año pasado, el presidente del Congreso, Jorge Oviedo Matto, en desmedro del control público complejizó la burocracia imperante, estableciendo que el acceso a cualquier información solicitada al Senado debía ser previamente autorizada por él. Se arrogó la propiedad de la información, que en realidad pertenece al público.
También al final del año pasado, el senador colorado Orlando Fiorotto sorprendió a propios y extraños con un proyecto de ley “de transparencia administrativa y acceso a la información pública”, que en el espíritu y contenido planteaba un efecto contrario a lo enunciado en el acápite.
Después de tantas experiencias negativas sobre esta materia, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, incluida la Universidad Nacional, conformaron el Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI) que elaboró un proyecto de ley, varias veces corregido y perfeccionado con ayuda de especialistas locales y extranjeros.
La versión última del material está lista hace tiempo, pero no pudo presentarse durante el periodo parlamentario anterior, no solo porque a los legisladores no les interesaba garantizar el acceso a la información, sino por temor a que convirtieran la propuesta en una ley mordaza, como ya había ocurrido muchos años atrás.
Si los nuevos legisladores quieren ocuparse de este tema tienen que buscar al GIAI y propiciar un debate participativo sobre el tema para poder presentar una ley que, efectivamente, haga disponible la información pública por medio de procedimientos simplificados de acceso.