El 5 de mayo, a las 08.20 de la mañana, el suboficial mayor Roberto Osorio acudió a las oficinas de Petropar, según el registro de visitas de la entidad, para conversar con personas del Departamento Comercial y solucionar el inconveniente.
Al día siguiente, a las 09.10, volvió Osorio, y a las 11.40, el propio comisario Juan Mendoza fue hasta las oficinas para procurar que se borren las evidencias y evitar el escándalo.
“El 6 de mayo recién se va Mendoza a Petropar, se va a ver la situación para intentar arreglar”, comentó el abogado Sebastián Irún, director jurídico de la petrolera. Añadió que hubo mucha presión por parte de la Policía para borrar los datos del sistema informático de Petropar.
Una de las solicitudes de los policías fue que se borraran del sistema de control de tarjetas el consumo y que la deuda por la utilización de ese monto iba a ser saldada en efectivo.
El doctor Irún explicó que el sistema de control del uso de las tarjetas emitidas por Petropar no se puede borrar, son infalibles.
Como coartada a su favor, el 6 de mayo, luego de que ya el ministro del Interior, Francisco De Vargas, haya estado al tanto de la situación, como encargado de la Tesorería de combustibles el comisario Mendoza pidió por nota la cancelación de todas las tarjetas libres, excepto de seis.
Escándalo. Cuando Petropar detectó que con una tarjeta se hizo un pago de G. 3 millones por combustible, empezó el seguimiento; fueron a la estación de servicios de Barcos y Rodados a ver el circuito cerrado y observaron cómo el playero utilizaba la tarjeta libre. El dueño de la gasolinera denunció a su empleado y lo echó. Para ese momento, el negocio ya se venía abajo y el playero dio aviso a sus “jefes”, que el 5 de mayo empezaron a moverse por Petropar para “solucionar”.
Pero ya el 4 de mayo, el presidente de Petropar, Rómulo Campos, había informado al Ministerio del Interior, y De Vargas presentaba la denuncia ante la Fiscalía.
